Aseguran que no responde a la realidad y omite que la extensión del receso judicial deriva de las medidas sanitarias definidas por el gobierno nacional. Hacen un llamado a elaborar un plan para cuando se normalice el servicio de justicia.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut rechazó los términos de un pedido elevado días pasados por el Colegio de Abogados de Puerto Madryn al Superior Tribunal de Justicia para que a partir del 13 de abril se reestablezca el servicio de justicia en la provincia.
El comunicado, que lleva la firma de la Dra. Carina Estefanía en su rol de presidenta de la AMFJCh, rechaza los términos del pedido efectuado por los abogados madrynenses “por no responder a la realidad” y al mismo tiempo omitir que “la suspensión de la administración de justicia se deriva de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de disponer el aislamiento social obligatorio y ante ello el Poder Judicial necesariamente debe amoldar sus actividades a las decisiones adoptadas por las autoridades legitimadas para fijar las políticas públicas sanitarias”.
También considera que las expresiones de la nota elevada al Dr. Mario Vivas en su carácter de presidente del STJ “desconocen que durante la pandemia, muchas y muchos magistradas/os y funcionarias/os judiciales seguimos trabajando y lo hacemos ordenadamente y brindando una respuesta inmediata y eficaz”.
El comunicado de la AMFJCh expresa textualmente:
“Trevelin, 10 de abril de 2020.-
Señor Presidente del
Colegio de Abogados de la
Ciudad de Puerto Madryn
Dr. Sergio Leandro FASSIO
PRESENTE
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud., en representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, en virtud de la publicación por las redes sociales de la nota que el Colegio de Abogados de Puerto Madryn dirigiera al Señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia Dr. Mario Vivas, solicitando disponga a partir del 13 de abril el urgente restablecimiento del Servicio de Justicia, sin poner el riesgo la salud pública ni la de los trabajadores, funcionarios y magistrados del Poder Judicial, abogados y demás auxiliares de Justicia, considerando que la actividad judicial se encuentra dentro de los servicios esenciales que debe prestar el Estado provincial.
En esa misiva señalan que: “Los días transcurren y, además de la parálisis económica que supone para la sociedad toda el aislamiento dispuesto por las autoridades, el Servicio de Justicia es inexistente y por cierto que, tal como lo hemos expresado en numerosas oportunidades ante la calamitosa situación económica de nuestra Provincia, no puede dejar de prestarse ni mantenerse en un limbo de inoperancia”.
Rechazamos tales afirmaciones por no responder a la realidad y por omitir que la suspensión de la administración de justicia se deriva de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de disponer el aislamiento social obligatorio y ante ello el Poder Judicial necesariamente debe amoldar sus actividades a las decisiones adoptadas por las autoridades legitimadas para fijar las políticas públicas sanitarias.
Asimismo, tales expresiones desconocen que durante la pandemia, muchas y muchos magistradas/os y funcionarias/os judiciales seguimos trabajando y lo hacemos ordenadamente y brindando una respuesta inmediata y eficaz.
En un segundo orden de ideas y con relación al restablecimiento inmediato del servicio de justicia entendemos que se trata de un planteo apresurado, de imposible cumplimiento y contradictorio, pues nada hace suponer que el gobierno nacional levantará el aislamiento. En este contexto, de hacer lugar al pedido del modo en que se pretende, no estaríamos protegiendo la salud de la población en general y menos aún de quienes trabajan y concurren diariamente a los Tribunales, entre los que se encuentran los profesionales que Usted representa.
Es necesario recordar que la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 ha motivado que el Gobierno Nacional disponga el “Aislamiento Social Obligatorio”, que significó una parálisis de casi la totalidad de la economía y de la administración pública y que a la fecha es imposible predecir la fecha de su finalización.
La razón principal esgrimida por las autoridades nacionales, al implementar una medida tan drástica es aplanar la curva de contagios y de ese modo evitar que nuestro servicio público de salud se vea rápidamente saturado, conscientes de las deficiencias que presenta y de las graves consecuencias que podría sufrir toda población, si el sistema sanitario se viera colapsado.
Para la Administración de Justicia, el aislamiento social obligatorio significó la suspensión de mayoría de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales, salvo en los supuestos que resultan inaplazables.
Somos conscientes que una vez superada esta crisis sanitaria deberemos afrontar los graves problemas políticos, económicos y sociales derivados de la parada casi total de la actividad del país. Dentro de las consecuencias derivadas de la propia emergencia sanitaria y del impacto económico de las medidas adoptadas, es muy previsible un aumento de litigios.
En ese contexto, la respuesta de nuestro servicio de justicia sobrecargado en virtud de las medidas de fuerzas que han dispuesto los trabajadores desde mitad del año pasado, con motivo del atraso del pago de los salarios y con medios limitados en virtud de los ajustes del presupuesto de los últimos años, estará nuevamente puesta a prueba.
Por ello, estimamos que se debe encarar con carácter urgente un plan de trabajo de cara a la reanudación paulatina de la actividad judicial que minimice los tiempos de espera y agilice la resolución de los conflictos planteados o que puedan plantearse que deberá incluir reformas organizativas y/o procesales que agilicen los trámites sin merma de los derechos de los justiciables. Consideramos esencial y en este aspecto coincidimos, que debe continuarse con la implementación del escrito digital a todos los fueros, tal como se hizo en el fuero penal y reforzarse el uso de la tecnología en la tramitación de los procesos facilitando el teletrabajo.
Hacemos propicia la presente para poner de manifiesto nuestra predisposición para que, en coordinación con todos los operadores jurídicos, se adopten las medidas necesarias para recuperar el tiempo de paralización de los Tribunales.
La magistratura y el funcionariado judicial no somos ajenos a los esfuerzos que van a tener que llevarse a cabo por la ciudadanía a fin de recuperar la economía, con el agravante que al comienzo de esta crisis sanitaria, en nuestra provincia, ya estaba desbastada por el significativo déficit financiero derivado de un fuerte endeudamiento y de un aumento descontrolado del gasto público.
Al igual que otros servicios públicos, que están dando lo mejor de sí para paliar esta pandemia, nosotros nos comprometemos a contribuir al esfuerzo colectivo al término del aislamiento social obligatorio para mitigar las indeseadas consecuencias que derivarán de ella.
Finalmente, consideramos que las expresiones emitidas antes señaladas no informan de la responsabilidad y prudencia exigible a profesionales del derecho que tienen el deber de preservar y contribuir al funcionamiento de las instituciones, invitándolo a efectuar propuestas constructivas dirigidas a paliar la grave crisis por las que atraviesa la humanidad, que no nos es ajena y que estamos padeciendo.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente”.
