Una nueva jornada se llevó a cabo este jueves en la denominada “Causa Lotería”, en la que se investigan hechos de corrupción en la administración pública y que involucra a numerosos ex funcionarios públicos.
La causa fue declarada como “caso complejo” debido a la multiplicidad de hechos a investigar, la cantidad de imputados y también la presunción de que podrían haber actuado como una banda organizada.
El Ministerio Público Fiscal realizó nuevas imputaciones, pidió prorroga y solicitó sobreseimientos.
Negociación incompatible y falsificación
En esta oportunidad el fiscal Alejandro Franco solicitó agregar la imputación de falsificación de instrumento privado a Josué Dahur (ex gerente de RRII del IAS), Jordan Salinas y Martin Villegas (presuntos testaferros de la empresa Sono Eventos). Según la fiscalía Dahur falsificó los presupuestos de dos 
empresas del mismo rubro que Sono Eventos y asi beneficiarse con la contratación por el Municipio de Cholila para la realización de la tradicional fiesta provincial del asado en los años 2017 y 2018.
Salinas y Villegas comparten la acusación en calidad de participes del delito imputado. La abogada defensora de Dahur, Laura Fernández, no hizo objeciones.
En esta causa ya se encuentra imputado también el intendente de Cholila, Silvio Boudargham pero en su caso por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Dahur, Correa y SEPAT
Otras nuevas imputaciones para Josué Dahur y Diego Correa agregó el fiscal Franco a la causa. Al ex gerente del IAS se le suma ahora la de negociación incompatible con la función pública al contratar de manera directa en tres ocasiones a la empresa SEPAT cuya titularidad se le atribuye a Diego Correa.
En este caso el objeto del contrato es el transporte de personal y de artistas a distintos lugares de la provincia mientras se desarrollaban las fiestas provinciales. SEPAT prestaba ese servicio al IAS mediante el uso de la camioneta tipo minibús marca Hyundai H1, que ya fuera secuestrada oportunamente en el marco de la causa Embrujo.
Por este hecho a Diego Correa se le suma la imputación por el delito de partícipe necesario. Laura Fernández y Fabián Gabalachis, defensores de ambos imputados no objetaron el planteo.
Sobornos en Chubut Deportes
En este caso el fiscal Alejandro Franco informó que, por los delitos ya imputados a los ex directivos de Chubut Deportes, Walter Ñonquepan y Damaris Molinero, se habrían modificado algunos hechos para su configuración.
Ñonquepan y Molinero están imputados del delito de cohecho pasivo al haber recibido dinero por la contratación de la empresa Sono Eventos para la distribución de las viandas a los participantes de las selecciones deportivas de Chubut durante los juegos Evita del año 2018.
La novedad es la forma en que se hicieron del dinero, explicó el fiscal. El organismo público pagaba la contraprestación por el servicio de viandas a través de cheques y mediante una cadena de endosos, el último de ellos, fue el medio de pago del soborno.
Por ello se lo imputa de cohecho activo a Martín Villegas, representante de Sono Eventos mientras que de cohecho pasivo al ex presidente de Chubut Deportes, Walter Ñonquepan y a Damaris Molinero, quien se desempeñaba como contadora del organismo.
El defensor Miguel Moyano, que representa a Ñonquepan, no hizo objeción alguna. Tampoco el abogado de Molinero, Juan José Servici, que solo requirió la producción de una pericia caligráfica de parte.
Sobreseimientos
Continuando con su exposición, el fiscal solicitó el sobreseimiento de Héctor Ponce, Daniel Cárdenas, Emanuel Salinas y Josué Dahur, imputados por el delito de cohecho pasivo y activo respectivamente, habida cuenta del avance investigativo que esclareció las circunstancias de los hechos.
De acuerdo al relato de testigos, empleados de la municipalidad de El Hoyo cuyo titular era Daniel Cárdenas y donde cumplían funciones Ponce y Salinas, se había contratado a la empresa Sono Eventos en el marco de la Fiesta Provincial de la Fruta Fina.
Los testigos explicaron que la modalidad de pagos para los prestadores, proveedores y artistas que se contratan, consiste en abonar el dinero en el mismo fin de semana en que se desarrolla el evento, esto es porque la mayoría de los contratados no son de la localidad y se retiran al terminar su participación u obligación.
Por ello era dificultoso el procedimiento administrativo y también el horario bancario para las operaciones. Así entonces, se hacía una orden de pago a favor del municipio para cobrarlo en plazo hábil y se adelantaba efectivo para cubrir las obligaciones.
Esas declaraciones testimoniales sumado el ejemplar de la orden de pago obrante en el municipio fueron suficientes para que el MPF solicitara el sobreseimiento de los imputados.
Tampoco hubo objeciones al respecto de parte de los defensores, Edgardo Manosalva, Matías Cimadevilla, Miguel Moyano y Laura Fernández.
Plazo extendido
Por último el fiscal Franco solicitó al juez Marcelo Nieto Di Biase se expida respecto a la prórroga solicitada en febrero de este año en función de lo complejo que resultó el proceso de investigación.
El magistrado hizo lugar a esto y a todo lo requerido por el MPF durante la audiencia.
Informa: Agencia de Comunicación Judicial
