El Tribunal integrado por los jueces Fabio Monti, Mirta Moreno e Ivana González inició este lunes al mediodía las deliberaciones para determinar la pena a imponer a Marcos Maurelia por el homicidio de Rubén Osvaldo Abarzúa Soto, como así también de la tentativa de homicidio de Mario González, hecho este último en el cual también fue declarada culpable la expareja de Maurelia, Paola Cárdenas.
Durante la mañana de este lunes se concretó en el sexto piso del edificio de tribunales, en Trelew, la audiencia de cesura de pena, en la cual la Fiscal Carolina Marín solicitó una pena de 18 años de prisión y la declaración de reincidencia para el hombre hallado culpable en ambos hechos llevados a juicio, en tanto que para la mujer solicitó una pena de seis años de cumplimiento efectivo. Las defensas de ambos imputados solicitaron la pena mínima establecida por ley para el caso.
El tribunal presidido por el Dr. Fabio Monti, en el cual actuaron como vocales las Dras. Mirta Moreno e Ivana González, quien dictaron la semana pasada un veredicto de culpabilidad para ambos imputados, deberán ahora evaluar la producción de prueba y alegatos de cesura que efectuaron las partes antes de decidir la carga punitiva a imponer.
En la audiencia de hoy declararon tres amigas de Cárdenas, una de las cuales tiene un hijo con una expareja de la condenada. En todos los casos aportaron datos sobre la vida actual de Cárdenas, la relación de ésta con sus hijos y su núcleo familiar.
Por su parte, la Licenciada Ana González Burón, del Servicio Social del Ministerio de la Defensa Pública, hizo una ampliación del informe socio ambiental solicitado en el caso de Cárdenas, en el cual se explayó sobre la historia de la mujer y en particular la existencia de un vínculo violento en su convivencia con Maurelia, padre de uno de sus hijos.
Por su parte, la madre de Maurelia se presentó a juicio para atestiguar sobre el perfil de su hijo y relató que hasta los 19 vivió en el seno de la casa familiar sin mayores complicaciones.
En su alegato, la fiscal Marín expuso como agravante en el caso de Cárdenas el arma utilizada –una maza – y las lesiones sufridas por González, en tanto que como atenuante mencionó la falta de antecedentes condenatorios de parte de la mujer, solicitando al tribunal una pena de seis años de prisión, además de las costas del proceso; mientras que para Maurelia sostuvo que pese a la calificación legal de ambos hechos imputados, el objetivo era llegar a una pena justa y aunque el máximo establecido por ley supera los 30 años de prisión, consideró apropiado una condena de 18 años y la declaración de reincidencia.
El defensor público Sergio Rey, cuestionó el pedido de la fiscalía respecto a Cárdenas, al señalar que no se tuvieron en cuenta ninguno de los aspectos señalados por los testigos durante la audiencia, ni tampoco lo evidenciado por el informe socio ambiental, confluyendo su alegato con el pedido del mínimo a imponer, que en este caso son 4 años de prisión de efectivo cumplimiento.
Los abogados Martín Castro y Rodrigo Miquelarena, defensores particulares de Maurelia, introdujeron en su alegato la figura de la violencia y marginalidad no solo como el elemento principal del caso, sino también como el contexto en el cual se habría visto sumergido el condenado en los últimos años. Por ese motivo plantearon al tribunal que considere la aplicación de la pena mínima, que en este caso rondaría los 10 años y medio de prisión.
INFORMA: Agencia de Información Judicial / Superior Tribunal de Justicia
