El Día Internacional de la Mujer se simboliza hoy en un clamor social unísono por la no violencia y la igualdad de las mujeres.
Para contribuir a erradicar la violencia y la desigualdad, cuya dimensión y gravedad no ceden, quienes trabajamos en la justicia chubutense debemos renovar nuestro compromiso y obligarnos a mejorar los canales de acceso a la justicia en pos de garantizar una respuesta inmediata y eficaz, así como a resolver los conflictos con perspectiva de género.
La humanidad toda necesita de liderazgos diversos que entiendan y atiendan sus necesidades. Propiciar y garantizar el liderazgo de las mujeres, tanto en ámbitos públicos como privados, resulta urgente para la construcción de una sociedad más justa.
Sin embargo, sabemos que las mujeres siguen sin tener suficiente representación en la vida pública. Tal como refleja un informe del Secretario General de la ONU, en esta pandemia han estado mayoritariamente al frente de la batalla contra la Covid -19, y sin embargo ganan, en términos globales, un 11% menos que sus homólogos masculinos.
Nuestras Constituciones, Nacional y Provincial, así como los Tratados Internacionales de derechos humanos, garantizan que las mujeres ocupen, en igualdad de condiciones, el mismo lugar que los hombres en todas las mesas de decisión, pero ello sigue sin reflejarse en la realidad.
Por ello lamentamos que, en el Día Internacional de la Mujer, la magistratura y el funcionariado judicial deba reclamar, una vez más, que se garantice la paridad de género en el Máximo Tribunal de Justicia de nuestra provincia.
Es preciso que los hombres y las mujeres que integran los poderes ejecutivo y legislativo de Chubut traduzcan en hechos su declamada convicción a favor de la igualdad de género.
Cumplir con la Ley implica hoy designar a tres mujeres en el Máximo Tribunal de Justicia, lo cual tendría, además, una singular fuerza simbólica por tratarse de un órgano central en la arquitectura de nuestro sistema republicano y democrático. Como garante del respeto a la Constitución Nacional, a los Tratados de Derechos Humanos y a la Constitución Provincial y, por tanto, de todos los valores que esas normas incorporan, su integración necesariamente debe responder al principio de paridad.
