Al hombre se le imputa haber amenazado a su ex pareja con un arma de fuego, mientras la víctima tenía en brazos a la hija de ambos.
Durante la jornada de hoy martes 25 de enero en la sala de audiencias del tercer piso del edificio de Tribunales de Trelew, se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que la jueza María Tolomei dispuso la elevación a juicio de la presente causa de violencia de género.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, representado por Rocío Lorenzo y Rubén Kohler, el hecho ocurrió en marzo de 2021, en el barrio Costanera de Trelew, cuando Gabriel Argañaraz ingresó a la casa donde convivía con su ex pareja y los hijos de ambos, en aparente estado de ebriedad amenazando con un arma de fuego, apuntado e insultando a la madre de sus hijos, quien en ese instante sostenía en brazos a su hija, mientras que el otro hijo pequeño jugaba afuera de la casa. Durante ese episodio el imputado efectuó un disparo que afortunadamente no impactó en la mujer, pero alertó al niño que inmediatamente ingresó al hogar y la víctima pudo aprovechar ese momento para huir con los menores mientras era perseguida por el imputado.
Este escenario fue advertido por los vecinos que dieron aviso a la policía. Una vez arribados al lugar, los efectivos de la fuerza pública redujeron al acusado, en tanto que la víctima fue trasladada a la comisaría de la mujer para formular la denuncia dando intervención también al juzgado de familia, desde donde se dispuso la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento del imputado.
Por su parte el defensor particular, Abdón Manyauik no se opuso al planteo fiscal, pero solicitó la morigeración de la prisión preventiva que su defendido viene cumpliendo en el Instituto Penitenciario Provincial.
Finalmente, la magistrada declaró admisible la acusación por el delito de amenazas coactivas en concurso real con abuso de arma, mediando violencia de género en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal. También la morigeración de la prisión preventiva estableciendo el arresto domiciliario con colocación de tobillera electrónica, controlada con rondines sorpresivos y periódicos por parte de la policía; además de la prohibición de acercamiento a la víctima hasta la realización del debate oral y público.
