Se llevó a cabo hoy la audiencia convocada en el expediente Pilquimán Crecensio contra el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural.
Lo que está en disputa es la titularidad de 2.500 hectáreas, ubicadas en el Departamento Gastre, de la provincia del Chubut.
Con el patrocinio del Dr. Eduardo Hualpa se presentó por la parte actora Hugo César Pilquiman, en tanto el presidente de la comunidad aborigen de Lagunita Salada Gorro Frigio y Cerro Bayo Giménez Meza fue representado por los defensores públicos, Delia Pérez y Jorge Benesperi; por el IAC se presentaron Máximo Pérez Catán con el letrado apoderado Víctor Bezunartea, y el comprador Camilo Rechene asistió con el apoderado letrado Rodolfo Zabaleta. También estuvieron presentes las herederas de Victorino Pilquimán, Margarita y Norma Huentelaf.
La audiencia fue presidida por los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, Mario Vivas y Miguel Donnet y se trató de una audiencia informativa para que las partes expusieran una reseña del caso y todo aquello que consideraran pertinente.
El objeto del amparo presentado contra el IAC es impugnar la resolución 60/70 que aprobó la cesión de derechos que los herederos de Victorino Pilquiman hicieron a favor de Camilo Rechene.
La parte actora alega que en su dictado, el IAC no aplicó la normativa supranacional constitucional y legal que prevé la protección de los derechos de las comunidades indígenas.
El Presidente de la Comisión, a través de los defensores públicos expuso su posición sobre los derechos que considera que le asisten a las comunidades aborígenes sobre la propiedad en cuestión y objetaron la falta de consulta previa en la cesión de las tierras al particular y fundamentó su postura en las normas internacionales y en las constituciones nacional y provincial.
El IAC sostuvo que la resolución es consecuencia de los trámites administrativos realizados conforme a la legislación vigente y rechazó la existencia de un derecho sobre esas tierras por parte de la comunidad.
Por su parte, el Sr. Rechene por intermedio de su abogado, señaló que él adquirió la propiedad a los sucesores del adjudicatario titular y negó esas tierras correspondieran a una comunidad indígena, lo que fue ratificado en la audiencia, por las herederas del adjudicatario titular.
Ahora, la cuestión será resuelta por los miembros del Superior Tribunal de Justicia.
