Entre ayer miércoles y hoy jueves concluyó la ronda de testigos aportados por el Ministerio Público Fiscal en la causa que investiga delitos corrupción cometidos presuntamente por exfuncionarios públicos y empresarios durante la última gestión de gobierno de Mario Das Neves.
Los testigos en estas jornadas fueron Bianca Di Martino, Daniel Fasciglione, Fernando Zuñeda, Anahí Cornejo, Viviana Karlen y Walter Kobac.
Di Martino explicó que en el período investigado se desempañaba como empleada del Banco del Chubut SA y administraba, entre otros, la cuenta y movimientos bancarios de la empresa Industrias Bass del imputado Martín Castillo. Señaló las comunicaciones y gestiones que mantenía con el titular de la empresa y con Diego Lüters para corroborar a ciencia cierta la existencia de los fondos necesarios para cubrir los pagos de la empresa.
Fasciglione también fue consultado sobre la actividad que desarrollaba en la época de investigación. Dijo que era socio y gerente de la empresa Protel
(productora de televisión) y que en esa época el Estado Provincial dejó de contratar sus servicios y producto ello debió afrontar un concurso preventivo de acreedores.
En ese proceso el abogado de la empresa le acercó un grupo de inversores interesado en comprar una porción de las acciones. Andrés Ninín (ya condenado en esta causa) y Ricardo Rondini eran las personas que el grupo inversor había dispuesto para concretar el negocio.
Relató que luego de vender una parte de las acciones, los compradores dejaron de cumplir con las obligaciones de pago y además, los montos eran aportados en cheques a nombre de empresas con las que Protel nunca había tenido vinculación comercial y que él debía endosar; indicó como ejemplo a Villegas Construcciones SRL, EdiSur SA, Ledesma y Cía SRL. Luego de esta situación desistió de continuar con la sociedad, concluyó.
Zuñeda por su parte declaró en calidad de socio de la empresa de servicios financieros Inverfer SRL de Comodoro Rivadavia. El fiscal Nápoli le mostró, para que reconozca su firma, varios cheques que eran descontados en su empresa por las constructoras mencionadas por el testigo Fasciglione. Federico Piccione era la persona que presentaba esos valores, indicó.
Cornejo declaró en relación a su cargo de tesorera del Instituto Provincial de la Vivienda. Informó el procedimiento para la confección y pago de los certificados de obra que las empresas de la construcción presentaban. El proceso descripto guardaba relación con lo declarado por la Directora de Administración del IPV, Contadora Sandra Torres.
A su turno declaró Viviana Karlen, contadora pública que se desempeña como perito contable dentro del Equipo Técnico Multidisciplinario del MPF. A ella le encargaron la pericia contable dentro de la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito del que está acusado Gonzalo Carpintero.
Informó que su análisis se centró en la evolución patrimonial del acusado y de su grupo familiar. La perito describió maniobras que, de acuerdo a su experticia, configuraban actos contables e impositivos para ocultar el engrosamiento patrimonial sin justificación que le imputan a Gonzalo Carpintero. Entre ellos informó la constitución de una sociedad de hecho denominada Recticar inmediatamente transformada en SRL y dedicada a la rectificación de motores para la que se hizo una inversión importante en maquinaria muy moderna para la zona y que nunca se declaró la compra. Los pagos fueron en efectivo.
Entre las actividades detectadas aparece la compra en el año 2016 de acciones de la empresa Alpatagones SA por $ 300.000 obteniendo, al poco tiempo en concepto de reparto de dividendos $ 3.000.000. Karlen informó que luego compró otro porcentaje más de acciones por $ 800.000 para, al poco tiempo, vender la totalidad de su participación por $ 8.000.000.
Asimismo, el MPF detectó también que solo por la adquisición de inmuebles había una erogación de $ 45.000.000. Otras de las maniobras informadas eran los aportes de dinero a la pareja de Carpintero. Para la construcción de inmuebles hubo erogaciones por $ 4.000.000 en concepto de compra de materiales y pago de mano de obra.
La contadora también destacó que se encontraron con facturas emitidas en concepto de asesoramiento profesional a Juan Ignacio Blasco, Lisandro Ribeiz, Carlos Gatica, Sindicato de Luz y Fuerza, entre otras. Las personas mencionadas desconocieron la existencia de las facturas como así también el supuesto servicio profesional brindado.
El abogado defensor Federico Ruffa hizo un contra examen en este aspecto como así también sobre la conclusión respecto del incremento patrimonial injustificado detectado por la fiscalía en la suma de U$D 813.800 (aclaró la perito que ese monto es como mínimo).
Por último el testigo Kobac dio cuenta de diversas propiedades que tenía Gonzalo Carpintero, como así también la valuación de las mismas, peritaje que realizó a pedido de la unidad fiscal especializada en delitos contra la administración pública en el presente caso.
