La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut (AMFJCH) emitió un comunicado este jueves 24 de enero de 2022.
El texto completo del comunicado expresa lo siguiente:
En los últimos tiempos se han producido reiteradas manifestaciones ante los Juzgados de Familia de la Ciudad de Comodoro Rivadavia que cuestionan las resoluciones judiciales adoptadas por sus integrantes o por magistrados/as del fuero penal.
La Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut reitera la necesidad de que las resoluciones judiciales estén sometidas a crítica, como parte de un fundamento esencial de nuestra cultura democrática, así como la posibilidad de recurrirlas ante otras instancias judiciales, si no se está conforme con ellas, resguardando así el debido proceso y derecho de defensa en juicio para todas las partes involucradas.
No soslayamos las dificultades que deben afrontar los/as ciudadanos/as que someten sus conflictos familiares a la Justicia, cuya complejidad nos impone en forma permanente a revisar los procesos de trabajo para mejorar la respuesta judicial, lo que también implica una adecuada actuación de las partes en cada proceso.
Al mismo tiempo, consideramos oportuno señalar que la crítica no puede estar centrada en el cuestionamiento genérico del tribunal o en descalificaciones personalizadas de sus integrantes y mucho menos en agresiones verbales. Una situación similar, ocurrida en fecha reciente en el fuero penal de Trelew, en el contexto de un conflicto familiar, se tradujo en un hostigamiento indebido a integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Máxime cuando las magistradas/os agraviadas/os no pueden realizar aclaraciones públicas, en virtud del principio de reserva de los procesos, que les impide efectuar pronunciamientos por fuera del proceso judicial sobre el caso concreto.
A su vez, manifestamos nuestra preocupación por los reclamos sociales que se apoyan en el denominado «síndrome de alienación parental», cuya aplicación ya ha sido rechazada por numerosos tribunales de nuestro país, por organismos judiciales internacionales y prohibido legalmente en muchos países, en tanto supone un incumplimiento del derecho de las niñas y niños a ser escuchados y al reconocimiento de su autonomía progresiva, y carece de aval científico.
