Dra. Carina Estefania, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Chubut emitió hoy un comunicado, en relación a la conmemoración este martes 15 de septiembre de 2020 del Día de la Magistratura y Función Judicial. El texto expresa lo siguiente:
“A ustedes: magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, hoy más que nunca reciban el más afectuoso saludo de parte de la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia del Chubut, colmado de nuestro respeto, renovando una vez más el compromiso asumido de seguir representándolos.
El día de la Magistratura y Función Judicial se conmemora el 15 de septiembre pues en tal fecha se creó la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, en San Nicolás de los Arroyos en 1966. Dos años más tarde, en Rawson, esa iniciativa se replicó en la Provincia y así nació nuestra Asociación.
Esta fecha, que en 2020 tiene en el centro mismo de la escena una pandemia y en nuestra Provincia una crisis institucional inédita ligada a una deficitaria política económica y financiera, que vulnera obstinadamente nuestros derechos, necesariamente debe convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre el rol del asociacionismo judicial. No sólo para quienes pertenecemos sino también para quienes, pudiendo ser parte, por razones diversas deciden ser espectadores y, por último, para quienes ubicados en diversos ámbitos de la vida pública observan con resquemores el asociacionismo judicial en el Siglo XXI y se muestran cautelosos a la hora de legitimar nuestro derecho a reclamar.
Sabemos que la magistratura y el funcionariado judicial tienen fuertemente condicionado el ejercicio de algunos de sus derechos como ciudadanos, entre ellos, los asociativos. La cuestión no es si las/os magistradas/os y funcionarias/os son titulares de esos derechos, que lo son, sino dentro de qué límites pueden ejercerlos, dónde se hallan contemplados, cómo operan, con qué criterios han de ser interpretados y, sobre todo, con qué limitaciones aplicados.
Las asociaciones judiciales nacieron porque las/os magistradas/os y funcionarias/os son representantes de uno de los poderes del Estado pero ejercen su trabajo por cuenta ajena. Por ende, son titulares de derechos fundamentales en ese aspecto, aunque tengan prohibido sindicalizarse o pertenecer a partidos políticos.
Estas organizaciones constituyen el instrumento legítimo para la defensa y efectividad de esos derechos y, cualquiera que sea el entendimiento que se tenga respecto de su naturaleza, lo que resulta incuestionable es que constituyen para nuestro colectivo el instrumento fundamental a través del cual resulta posible actualizar el vector promocional de su participación en los asuntos públicos.
El objetivo fundamental de nuestra tarea ha sido y será garantizar la independencia judicial, potenciar la justicia como función al servicio de la comunidad, realizar estudios y acciones para erradicar la corrupción y las corruptelas del funcionamiento en la administración de justicia, informar acerca de las materias que por su naturaleza deban trascender a la opinión pública, promover la democratización de la «carrera judicial», reivindicar la crítica interna/externa, promocionar una magistratura y funcionariado comprometidos con la realidad, con independencia frente al poder y con apertura a la sociedad, y defender los intereses y derechos profesionales de sus miembros/as.
Son las asociaciones judiciales las legitimadas para canalizar y expresar libremente las opiniones de sus miembros, no sólo sobre cuestiones relacionadas con las políticas legislativa, judicial orgánica y jurisdiccional, sino también sobre problemas de especial interés general que puedan, directa o indirectamente, repercutir sobre aquellos ámbitos de competencia específica. En definitiva, el hecho de que las/os magistradas/os y funcionarias/os puedan asociarse en función de su modo de entender la actividad judicial, debe interpretarse como una aceptación de que el criterio político juega un papel nada desdeñable en el ejercicio de la función, sin que ello signifique lesionar o afectar la independencia judicial.
Sin duda alguna el rol que desempeña el juez o la jueza en un Estado de Derecho le convierte en un protagonista del sistema. A un tiempo, la confianza ciudadana se asienta, entre otras cosas, en el convencimiento de que la ley se aplica por jueces y juezas independientes e imparciales.
¿Qué pensamos quienes dirigimos la AMFJCh? En primer lugar, que debemos trabajar por una organización judicial realmente funcional a los valores del ordenamiento constitucional: “justicia, igualdad, libertad y pluralismo”. Con esa idea, en nuestra Asociación nada se produce sin un debate intenso de grupos que contrastan y deliberan internamente todas las opiniones donde las haya. Quienes la conformamos debemos a contribuir a la realización de la idea de participación y resaltar que es el medio compensador por excelencia de la imposibilidad de acudir a otros canales de los que nos hallamos directamente privados.
Estamos obligados a demostrar las desventajas del individualismo y evitar que pueda anteponerse a los intereses de la clase.
Corresponde que ejercitemos la humildad, el respeto, el disenso, la crítica, la tolerancia, la prudencia, la aceptación de la opinión mayoritaria y la inclusión de las minorías, para lo cual necesariamente debemos pertenecer.
La multiplicidad de acciones llevadas a cabo ante los diversos Poderes del Estado Nacional y Provincial y ante el Consejo de la Magistratura, así como los diversos comunicados y tomas de posición puestas de manifiesto en todos los medios y redes sociales, demuestran que nada de lo que tenga que ver con los valores democráticos ha sido ajeno a nuestras discusiones.
La dura realidad que nos convoca nos obliga a asumir con rigor una concreta responsabilidad histórica: la necesidad de impedir que el eje fundamental del respeto a la Constitución deje de ser algo vivo y cotidiano.
Debemos luchar para que la Administración de Justicia sea ante todo un servicio público donde los protagonistas no sean la magistratura, el funcionariado judicial y las/s abogadas/os sino la ciudadanía en su conjunto para, de ese modo, dar cabida adecuada y oportuna a las justas demandas de amplios sectores sociales, así como controlar los abusos del poder.
Esa debe ser la cara humana de un modelo judicial que nada tiene que ver con la rigidez y el autoritarismo al que hemos estado acostumbrados. Es preciso que la Justicia no sea olvidada o denostada y sí, en cambio, que esté sustraída de vaivenes políticos para poder recuperar la confianza de su pueblo.
No se trata del optimismo que nos hace soñar con frecuencia en la posibilidad de un mundo mejor, sino que nos une la exacta convicción de que todo ello es posible.
Como sabiamente nos proponía el ex ministro de nuestro Superior Tribunal de Justicia, Dr. Jorge Pfleger: “Tengamos fe en nosotros mismos como herramienta de cambio y construyamos desde nuestros lugares, grandes o pequeños, con humildad, con altruismo, con integridad el nuevo modelo que todos acordemos”.
