Mariela González de Vicel es Jueza de Familia de la ciudad de Esquel, cargo al que accedió por concurso en 2004.
Se recibió de abogada en la ciudad de La Plata y fue Secretaria del Juzgado Universal de Sarmiento con competencia en el ámbito civil, laboral e incluso penal. La impronta y compromiso en su trabajo la han convertido en una indiscutible referente de la justicia chubutense.En esta jornada de conmemoración conversamos con ella sobre el papel que ocupan las mujeres en el Poder Judicial, los obstáculos que deben sortear y los desafíos a los que se enfrentan.
-Cuál es la primera reflexión que le gustaría compartir en este día?
Este 2018 me parece un año diferente respeto de las anteriores conmemoraciones. Considero que esta vez la voz femenina se hace oír alrededor del mundo, lo vemos en nuestro país con el movimiento Ni una Menos o a nivel internacional con el MeToo, por señalar algunos, las mujeres, en plural, nos estamos organizando.Sospecho que las distintas estrategias desplegadas por el conjunto de mujeres, que procuran poner en la agenda pública las problemáticas que nos aquejan, nos conducen a acercarnos a la paridad de acceso a las mismas oportunidades de las que gozan las personas del sexo masculino y eso es irreversible. Esta conmemoración nos encuentra hablando de aborto, de violencia de género, de igualdad en el ejercicio de la responsabilidad en el cuidado de los hijos, de acceso a los más altos cargos públicos y privados, de acoso sexual y feminicidio, cuestionando la desigualdad de remuneración, o la representación política de las mujeres. Y esos temas, que son nuestros temas, por su incidencia y seriedad gracias al activismo femenino, lograron desplazar aquel “festejo” de otros años, que era respaldado fuertemente por la publicidad comercial. El día internacional de la mujer es la conmemoración de la lucha por los derechos. No necesitamos flores y una tarjeta diciendo: feliz día; al menos, muchas no lo pretendemos. Necesitamos transitar nuestra vida con igual posibilidad de acceso a los bienes del desarrollo que la que tienen los varones, necesitamos que dejen de matarnos por haber nacido mujeres y que cese la tolerancia al ejercicio de la violencia en sus múltiples formas; también necesitamos que se comprenda que no se trata de una competencia de poder donde “nosotras” queremos desplazar a “ellos” imponiéndonos; lo que reclamamos es tener las mismas oportunidades de acceso a bienes, de posibilidad de vida y ocasión de vida digna, y de trato igualitario ante las mismas condiciones”.
-Cuáles son los desafíos que has debido afrontar en el Poder Judicial por ser mujer?
Los mismos que afrontamos todas las mujeres en los espacios laborales: la lucha contra los estereotipos, esas ideas impuestas como generales que muchas veces traen anexada la consecuencia de situaciones abusivas. Doy el ejemplo más usual: una jueza pro activa e insistente es considerada “histérica” cuando realiza planteos y los sostiene en el tiempo; un juez con esas mismas características es descripto como “batallador y comprometido” y hasta es probable que logre lo que busca en menos tiempo. Consecuencia de esos posicionamientos que no se revisan por quienes los despliegan, y de la ausencia de perspectiva de género genuina dentro de los distintos estamentos del Poder Judicial, no han sido pocas las ocasiones en que he sentido la desigualdad de trato y de acceso a las mismas oportunidades.
-Cuáles son los grandes desafíos que se presentan para los Jueces de Familia?
La realidad económico-social es un factor de enorme incidencia en nuestra tarea. No puedo soslayar que persisten las dificultades de acceso a bienes y servicios, y eso conduce a lo que denominamos la feminización de la pobreza, esto es, más cantidad de mujeres afectadas por el empobrecimiento económico de las familias. Las políticas sociales están en franco retroceso o no están en agenda, y las consecuencias se ven de manera directa en el fuero: los Servicios de Protección de Derechos desmantelados y al garete en lo que hace a organización y mucho más en relación a programas adecuados para restituir derechos vulnerados; políticas públicas de educación sexual y reproductiva, o de género, detenidas, con menos o nulo presupuesto, cuando no en etapa de revisión, soslayando que esa actitud gubernamental implica un fuerte desconocimiento de principios de derechos humanos, como el de no regresividad; persistencia de falta de programas comunitarios adecuados para abordar la compleja situación de la violencia familiar, en especial dirigidos a los victimarios. La labor de los jueces de familia en lo tocante a la violencia familiar y de género no puede mirarse de forma aislada. Los jueces de todos los fueros no podemos funcionar como compartimentos estancos, y en ese sentido me interesa poner de resalto algo que parece no ser tenido en cuenta por los colegas: las reglas convencionales indican que el Estado tiene el deber básico de prevenir, sancionar y erradicar esta pandemia. En el caso de la sanción, valerse de la consideración de “ultima ratio” del sistema penal genera impunidad, se transforma en un slogan que, en definitiva, no da respuesta porque no sólo no soluciona el conflicto, sino que lo potencia. En especial cuando se rechaza la intervención penal a las puertas del conflicto, o se la reduce a una pseudo imposibilidad probatoria que tienen más que ver con posiciones ideológicas que con realidades”.
-¿La Justicia trabaja con perspectiva de género o queda un largo camino por recorrer?
Hay mandatos constitucionales que nos obligan, como miembros del Poder Judicial, a utilizar la perspectiva de género en nuestra tarea. Frente a esa responsabilidad, se adoptaron medidas más o menos eficaces, que van generando algunos cambios. Enfrentamos siglos de sometimiento y no podemos pretender una igualdad real en un tiempo que, en términos de humanidad, es brevísimo. Máxime si lo circunscribimos sólo al desempeño laboral dentro del servicio de justicia, sin revisar las prácticas cotidianas, sin que las universidades, los colegios, las escuelas, introduzcan la cuestión de género en la currícula, sin políticas públicas serias y económicamente sostenidas a lo largo del tiempo que aborden de manera integral la problemática de género. Frente a esa realidad más macro, pienso que se avanzó bastante en la provincia en varios aspectos, pero es insuficiente. Por poner un ejemplo: como replicadora de un programa de la CSJN vinculado a la problemática de la perspectiva de género, junto con otros y otras colegas brindamos talleres destinados a miembros del Poder Judicial, con gran aceptación de los asistentes. Esa actividad no era remunerada, insumía mucho tiempo y esfuerzo de nuestra parte, no éramos reemplazados en nuestras tareas que nos esperaban, y sin embargo lo sostuvimos con entusiasmo y convicción. Un buen día, ya no fue posible continuar por falta de fondos para cubrir los gastos de traslado. Una deuda pendiente es cubrir finalmente el cargo de la Oficina de la Mujer, que si es llevada adelante conforme los objetivos trazados, podrá profundizar hacia adentro de nuestra organización esta necesidad social de construir para reconstruir desde la igualdad. Y otra cuestión que considero fundamental es la vinculada con los medios de comunicación, que sostienen o desmoronan paradigmas por la potencia de su quehacer. No podemos perder de vista esa potencialidad, y nuestro deber como operadores del Derecho es transmitir cómo funcionamos. Aquí encuentro un punto de partida recién incipiente y un verdadero largo camino por recorrer.
Considera que la Justicia “es más humana” cuando está en manos de una mujer?
La Justicia es aquella utopía de la que hablaba Galeano y que procurar acercarnos a ella es un deber de quienes tenemos espacios de decisión en el Poder Judicial. La pregunta parece partir de una premisa, que la Justicia no es todo lo humana que podría y da la sensación de que también enmascara estereotipos, por aquello de lo sensible que se atribuye al universo femenino y que asocio a la frase “más humana”, como una suerte de antónimo de la objetividad de juicio que se atribuye al mundo masculino. La tarea de “dar a cada uno lo suyo”, la idea de justicia en términos aristotélicos, es una actividad que realizamos hombres y mujeres con mayor o menor acierto, con un soporte teórico determinado –las constituciones y las leyes– y con una ideología personal. Quien no reconozca esto último, o ignora cosas de sí mismo o no dice toda la verdad. Insinúo, entonces, que una primera cuestión sería el trabajo personal de cada juez o jueza en el reconocimiento de sus propios condicionamientos de género, clase, religión u otros que conforman su ideología, para acceder a la tarea de juzgar desprovistos en la mayor medida posible de esos condicionantes que, antes o después, se traducen en arbitrariedad. Pero antes de la sentencia se transitó el proceso, y es en esa etapa en la que creo que la pregunta tiene su asidero: la ciudadanía se siente desprotegida o alejada del servicio de justicia, y es a partir de esto que se dictan leyes, directrices, acordadas, tendientes a corregir esos desvíos. La “humanización” se logra –a mi criterio– aplicando a lo largo de todo el derrotero que es el proceso, los principios y los tratados de Derechos Humanos y siendo consientes en cada acto que llevamos a cabo, que prestamos un servicio público. No puedo dejar de mencionar la gran deuda que tiene la sociedad chubutense con el género, y que se ve con sólo mirar los diarios. Un Poder Ejecutivo donde la figura masculina es preponderante tanto en el primer cargo como en los ministerios, un Poder Judicial donde ese esquema se repite en los cargos más altos, un Poder Legislativo donde poco a poco –y merced a la herramienta de la ley de paridad de género– esta falencia se va solucionando. La importancia de las normas que imponen la paridad de género radica en que se trata de un recurso del activismo feminista, una estrategia que otorga la posibilidad de acceso igualitario a las mismas oportunidades, que –debo decirlo– no se garantiza con “poner una mujer”, sino que se llena con integrar los espacios con personas que abracen la perspectiva de género como necesidad para el logro de la igualdad.
