Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento que destituyó por mal desempeño a la Fiscal General de Rawson, Graciela Suárez García, dieron a conocer esta tarde los fundamentos de la decisión adoptada por unanimidad, el pasado 16 de noviembre del corriente.
Mario Vivas, José Grazzini, Roddy Ingram, Juan Manuel Irusta y Nicolás Demitriu, explicitaron sus votos formulando duras críticas contra la investigadora, por su performance en un caso ocurrido en 2010 y en el cual una mujer fue víctima del delito de trata de personas.
La joven, oriunda de Corrientes, llegó a Rawson, engañada por una promesa laboral y terminó encerrada en un prostíbulo, donde se la obligó a tener sexo durante dos días, hasta que pudo escapar.
VIVAS
El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, cuestionó a la ex funcionaria porque omitió investigar la privación ilegal de la libertad y el abuso sexual y por no considerar, teniendo en cuenta las características del delito, el traslado del caso a la órbita de la Justicia Federal.
El magistrado infirió que a pesar de contar con los datos concretos que indicaban que la víctima había estado privada de su libertad en el local nocturno “La Sirena” o “La Sirenita”, que pertenecía a Cristóbal Barbosa, Suárez García no adoptó ninguna medida tendiente a la localización de este individuo.
Sostuvo que “ninguno de los delitos que tenía frente a sí fue investigado responsablemente por la Fiscal General”, y agregó, que “faltó a la verdad a la hora del cierre de las actuaciones, más allá de dejar establecido falsamente que se habían realizado las medidas de investigación correspondientes”.
Vivas recordó que cuando la Justicia Federal investigó el hecho, dispuso la condena de Barboza y se preguntó. “¿Por qué la Justicia Federal pudo investigar y la Fiscal General de Rawson, no?.
El titular de la Sala Civil del STJ indicó que “surge palmariamente que se han verificado todas y cada una de las causales que fueran motivo de acusación y que a la postre, se han de resumir en el mal desempeño” y concluyó con una frase terminante: “Es deshonroso para el Poder Judicial del Chubut contar en sus filas con una magistrada que no hizo lo que era su obligación hacer y no quiso hacer”.
IRUSTA
Por su parte, el vocal Juan Manuel Irusta enumeró que la ex Fiscal de Rawson omitió al inicio el análisis de los hechos, a la luz de las reglas de competencia, en conocimiento de los hechos encuadrables en una figura penal fue remisa a practicar las medidas de investigación que la naturaleza del caso imponía con el fin de acreditar los extremos fácticos e individualizar a los autores. Del mismo modo dejó de aplicar los dispositivos para casos de trata de personas y delitos conexos y para casos de delitos contra la integridad sexual. Ordenó el archivo de las actuaciones que no se condicen con las constancias agregadas al legajo y finalmente, desconoció los derechos de la víctima al omitir la notificación de la resolución de archivo obstaculizando de ese modo una eventual revisión de la decisión adoptada.
El abogado también cuestionó que la Fiscal haya cerrado las actuaciones obviando los elementos que se presentaron en la causa, entre los que se encontraba un retrato de Cristóbal Barboza, la persona señalada por la víctima como el responsable del hecho que se estaba investigando, lo que a vista del Dr. Irusta, “roza no sólo en la deficiencia y ejercicio de la función pública (mal desempeño), sino en una posible figura penal de encubrimiento y/o prevaricato”.
DEMITRIOU
Al explicitar su veredicto, el Dr. Nicolás Demitriou destacó que “siempre que una mujer víctima de violencia se presente en una dependencia pública pidiendo protección, el Estado tiene la obligación de obrar con la “debida diligencia”. Según el abogado comodorense, la causa debía derivarse de inmediato al Fuero Federal ante la denuncia de un delito de trata de persona y la Dra. Suárez García no lo hizo. No podía disponerse el archivo del caso, en tanto los autores no eran ignorados, sino que se había individualizado al Sr. Cristóbal Barboza, domiciliado en la zona, no se agotaron las medidas de investigación, pues se omitió solicitar un registro domiciliario del sitio donde la víctima fue retenida, como tampoco se solicitaron datos del teléfono móvil desde donde la habrían amenazado, una vez que pudo liberarse, ni se condujo una investigación sobre el teléfono móvil del sospechoso. Y resaltó que la víctima no fue revisada exhaustivamente por un médico forense, perdiéndose evidencia respecto de los delitos sexuales sufridos”.
INGRAM
A su turno, el diputado provincial Roddy Ingram (Chubut Somos Todos) manifestó que la Fiscal Suárez García “no atinó a montar, mínimamente, una investigación que permita conocer la verdad de cómo sucedieron los hechos” y la responsabilizó de no disponer “las medidas efectivas y necesarias que requería ese momento, en sentido contrario de los instructivos que había dictado la Procuración General”.
Sostuvo que la Fiscal, “amén de no tomar medidas para la identificación de él o los responsables del padecimiento de la víctima, que surgían del retrato hablado, del recorrido fotográfico y del itinerario desde su llegada hasta su confinamiento y que apuntaban hacia una persona en concreto, para coronar esta serie de desatinos y luego de un tiempo breve, ordenó el archivo de la causa”.
El legislador consignó que “en este tipo de delitos, dónde la mayoría de las víctimas de trata de personas son mujeres y, además, niñas, se debe exigir una actuación responsable y coordinada del Estado, en todos sus niveles”. Y agregó que “el mal desempeño, para cualquier funcionario público, es el ejercicio de su poder en detrimento del interés general pues, ese accionar excede al particular ofendido y conmociona a toda la sociedad”.
GRAZZINI
Por último, el diputado José Grazzini (Frente para la Victoria), expresó que el caso analizado sacó a la luz gravísimos problemas en la actuación de la Fiscal.
Expuso que “se desprende de las actuaciones que la Dra. Suarez García no sostuvo la investigación en miras de la búsqueda de la verdad, no valoró prueba fundamental ni tomó los recaudos que debía tomar obrantes en las instrucciones de la Procuración General, optando directamente por archivar el Legajo, sin siquiera notificar a la víctima de esa decisión, para que en su caso pudiera constituirse como querellante y no dejar caer la causa”.
El legislador aseveró que “la falta de compromiso de la Fiscal Suarez García respecto de las medidas que debió realizar de manera urgente una vez obtenida la noticia del delito, así como analizar inmediatamente la cuestión de la competencia, en razón del delito que debía investigar, la coloca en un lugar de suma vulnerabilidad en cuanto a la potencia de la acusación y los hechos fácticos que no realizó y debió realizar en la investigación”.
Para Grazzini, “el mal desempeño como conducta imputada a la magistrada resulta evidente a estas alturas y añadió que “la fiscal no aplicó los dispositivos para casos de trata de personas y delitos conexos y luego sin más, ordenó el archivo de las actuaciones desconociendo los derechos de la víctima”.
