1. MARCO INSTITUCIONAL Y CONTEXTO GENERAL
El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) de la provincia del Chubut presenta el Informe Anual de Gestión correspondiente al ejercicio 2025, con el objeto de dar cuenta de las principales acciones institucionales desarrolladas durante el período, en cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Orgánica y a efectos de su incorporación al informe general del Poder Judicial. El documento sintetiza los lineamientos, programas y acciones ejecutadas por las Secretarías, Direcciones, Áreas transversales y dispositivos institucionales, procurando brindar una visión integrada del funcionamiento del servicio de defensa pública en todo el territorio provincial.
Durante el año 2025, la gestión institucional se orientó a sostener y fortalecer la prestación del servicio de defensa pública con criterios de eficiencia, planificación y mejora continua, atendiendo a las particularidades territoriales y sociales de la provincia. En paralelo, se consolidó un esquema de trabajo institucional basado en la intervención interdisciplinaria y la articulación entre áreas técnicas, jurídicas y sociales, lo que permitió fortalecer la calidad de las respuestas brindadas por el organismo frente a problemáticas complejas.
En ese marco, se priorizó el desarrollo de herramientas de gestión y soporte técnico que permitieran mejorar el funcionamiento del organismo, optimizar los procesos internos y acompañar el trabajo cotidiano de las oficinas y equipos en cada circunscripción. En particular, se avanzó en procesos de modernización tecnológica que permitieron fortalecer el sistema de gestión institucional, incorporando funcionalidades orientadas a mejorar la calidad del registro, la accesibilidad y la disponibilidad de información para la toma de decisiones. Este proceso se complementó con el fortalecimiento de los sistemas de producción y análisis de información institucional, permitiendo orientar la planificación estratégica, identificar tendencias de demanda y acompañar la toma de decisiones basada en evidencia empírica.
Desde una perspectiva cualitativa, el período evidenció la profundización de procesos de complejización en la naturaleza de las respuestas institucionales y en las herramientas técnicas requeridas para su abordaje.
En materia civil, se regularon internamente las situaciones de violencia externa que impactan en la prestación diaria del servicio, luego de un participativo proceso junto a magistrados y funcionarios de las circunscripciones. Asimismo, se definieron criterios técnicos en los procesos de admisibilidad de casos, ordenando los vigentes a la época, lo que facilita la tarea en un contexto de creciente demanda de respuestas especializadas.
En el ámbito penal, se profundizó la participación institucional cuantitativa y cualitativa en juicios por jurados a través de la incorporación progresiva de trabajo interdisciplinario. De igual modo se realizaron capacitaciones sistemáticas en toda la provincia en evidencia digital, en un escenario de creciente tecnificación del proceso penal y de transformación en las dinámicas de litigación.
En paralelo, el Servicio Social continuó consolidando su rol estratégico a partir del sostenimiento territorial del trabajo profesional y del volumen de producción de informes técnicos, fundamentales para la toma de decisiones judiciales y el diseño de estrategias institucionales.
Asimismo, se consolidaron instancias de articulación interinstitucional y programas estratégicos vinculados al acceso a la justicia, especialmente en pequeñas localidades y contextos de mayor vulnerabilidad, promoviendo respuestas coordinadas con actores locales y provinciales.
Uno de los ejes centrales del período fue el fortalecimiento del trabajo territorial del Ministerio, entendido como presencia institucional efectiva y sostenida en los distintos puntos de la provincia, con especial atención a las localidades del interior y a aquellas donde la accesibilidad a servicios públicos se ve condicionada por la distancia, la conectividad y las características propias del territorio.
En ese sentido, se profundizaron acciones destinadas a consolidar el funcionamiento de los Centros de Atención en pequeñas localidades, incorporando herramientas de registro y sistematización de su actividad diaria, con el fin de visibilizar la tarea que realizan, orientar la planificación institucional y reforzar la política pública de acceso a la justicia en estas comunidades.
Asimismo, el proceso de fortalecimiento territorial incluyó la proyección de nuevas aperturas de Centros de Atención, entre ellas la próxima puesta en funcionamiento del Centro de Atención de la Defensa Pública en la localidad de Gastre, lo que permitirá ampliar la cobertura institucional y profundizar la presencia del servicio en la meseta central de la provincia.
De manera complementaria, se sostuvieron líneas de intervención territorial vinculadas al monitoreo y promoción de derechos en ámbitos específicos, incluyendo recorridos institucionales y acciones articuladas con distintos organismos en dispositivos de atención comunitaria, fortaleciendo una mirada integral sobre las condiciones de atención y el acceso a derechos en el territorio.
Todas las acciones desarrolladas durante el período se inscriben en un enfoque de derechos humanos, orientado a garantizar el acceso real y efectivo a la justicia, especialmente para aquellas personas y comunidades que enfrentan mayores barreras estructurales para el ejercicio de sus derechos.
1.1 ESTADÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
En materia de carga de trabajo, durante el año 2025 ingresaron al Ministerio de la Defensa Pública del Chubut un total de 36.656 casos nuevos, correspondientes a las tres oficinas principales del organismo —Defensa Pública Penal, Defensa Pública Civil y Asesoría de Familia— y a la oficina complementaria del Servicio Social.
Durante el año 2024 se registraron 33.183 casos nuevos, por lo que el año 2025 implicó un crecimiento interanual del 10,4 %, lo que representa aproximadamente 3.500 nuevos casos.
Cabe aclarar que este indicador —casos nuevos ingresados— constituye un aproximado de la cantidad de situaciones sobre las que trabajó el Ministerio durante el año, en tanto no contempla las causas iniciadas en períodos anteriores que continúan en trámite. No obstante, el dato resulta relevante para analizar la evolución de la demanda del servicio.
Desagregando la información por oficina, durante el año 2025 se registraron:
- Defensa Pública Penal: 4.620 casos nuevos, con un crecimiento del 6,4 % respecto del año anterior.
- Defensa Pública Civil: 14.242 casos nuevos, con un crecimiento del 1,1 % interanual.
- Asesoría de Familia: 14.271 casos nuevos, con un decrecimiento del 3,2 % respecto del año anterior.
- Servicio Social: 2.687 casos nuevos durante el período informado.
De manera complementaria, el Órgano de Revisión de Salud Mental registró 386 intervenciones nuevas durante el año 2025.
2. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Esta Secretaría, con el fin de poder llevar adelante las misiones y funciones que le son propias, está integrada por las Direcciones de Administración, Informática, Recursos Humanos, Legal y Técnica y sus Áreas propias, la Mesa de Entradas General y la Relatoría Letrada.
Con dicha conformación se lleva adelante la coordinación y supervisión de todas las acciones tendientes a la administración del patrimonio, los recursos financieros, presupuestarios y humanos, a fin de garantizar la gestión de los recursos disponibles para que el Ministerio de la Defensa Pública cuente con todo lo necesario para concretar una eficiente prestación del servicio y así cumplir con los objetivos de la dependencia, en el marco de los lineamientos de política institucional definidos por el Defensor General.
Durante el año 2025, tal como lo encomendara el Defensor General, se concluyó con la puesta en funcionamiento del “Registro de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensa Pública”, dotando así a los Funcionarios y Magistrados de acceso propio, más eficiente y ágil, a profesionales de otros saberes profesionales, con el fin de contribuir a un mejor servicio en la representación de las personas asistidas.
Por lo demás, en lo que sigue se exponen en mayor detalle las cuestiones relevantes y más específicas que hacen a las distintas Direcciones que integran la Secretaría.
2.1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Esta Dirección coordina, junto a las Direcciones y Áreas de su dependencia, y lleva adelante, bajo la supervisión del Secretario de Administración General, todas las acciones tendientes a la administración del patrimonio, los recursos financieros y presupuestarios necesarios para llevar adelante una eficiente prestación del servicio y el cumplimiento de las políticas y objetivos institucionales definidos por el Defensor General.
Fondo de Fortalecimiento Institucional
Con el Fondo Especial de Fortalecimiento Institucional, con el cual se recaudó durante el presente ejercicio la suma de $ 10.800.300,00 (Artículo N° 61 de la Ley Orgánica de la Defensa), se brindó apoyo económico por un monto de $ 9.826.479,00 para facilitar la concurrencia de Magistrados, Funcionarios y Agentes del Ministerio a diversas actividades de capacitación, como también para coadyuvar a los gastos de organización en variadas actividades académicas.
Infraestructura
En lo que respecta al plan de ejecución de obras, se concretó la licitación para la ampliación de la Defensoría General, llegando a un porcentaje de ejecución de obra del 50% al 31 de diciembre de 2025 y proyectando la finalización de la misma para julio de 2026.
Se realizó la licitación para la ampliación del edificio de la Defensa Pública de la ciudad de Trelew, sito en calle Paraguay N° 89, adjudicándose por un monto de $514.956.819,29, proyectando el inicio de la misma para el mes de febrero de 2026 y con un plazo de ejecución de un año. Asimismo, se modificó la red de datos, electricidad y telefonía de la Asesoría de Familia con una inversión de $ 9.500.000,00.
Se llevó adelante la adecuación edilicia de las oficinas de la Asesoría de Familia de Puerto Madryn con una inversión de $ 9.377.752,00.
Se realizaron obras de mantenimiento en los edificios de la Defensa Pública de todas las circunscripciones, con una inversión de $ 18.502.250,00.
Se renovó una pick up de la circunscripción de Comodoro Rivadavia por $ 28.540.000,00, entregando una unidad usada VW Amarok 4×4 año 2013 y recibiendo en su reemplazo una Nissan Frontier 4×2 0 km.
Gastos Operativos
Se abonaron e imputaron pericias caligráficas, psicológicas, criminalísticas, entre otras, por la suma de $ 5.320.000,00.
Se renovó el seguro anual para la flota automotor del Ministerio con la aseguradora La Caja de Seguros S.A. por $ 6.112.000,00.
En virtud del convenio suscripto por el MDP y los Colegios de Abogados de todas las circunscripciones, que da origen al Programa de Capacitación y Formación de Jóvenes Abogados de toda la provincia, se abonó en carácter de incentivo a los profesionales intervinientes la suma de $ 149.521.195,11.
En el marco del convenio de pasantías también rubricado por esta institución y las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), se procedió al pago de las pasantías de los estudiantes encuadrados en el mismo por la suma de $ 34.080.007,12.
Dadas las restricciones financieras impuestas para el ejercicio 2025, se ejecutó en los Incisos 2 —Servicios No Personales— y 3 —Bienes de Consumo—, por intermedio de la Dirección de Administración, la suma de $ 1.397.637.000,00 del presupuesto asignado al Ministerio de la Defensa Pública.
A continuación, se detallan los gastos operativos más significativos del ejercicio:
• Viáticos del personal y pasajes $ 119.412.000,00
• Adquisición materiales y mano de obra reparaciones inmuebles $ 144.130.700,00
• Alquiler de inmuebles $ 185.963.000,00
• Alquileres bienes muebles $ 96.530.000,00
• Licencias de software $ 59.158.000,00
• Contrato servicio de limpieza $ 265.274.000,00
• Impuestos $ 21.523.000,00
• Combustible $ 41.525.000,00
• Artículos de librería $ 15.200.500,00
2.2. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Durante el año 2025, la Dirección de Recursos Humanos consolidó su rol como agente de cambio dentro del Ministerio de la Defensa Pública. Bajo la premisa de que un servicio de calidad para la ciudadanía nace de un equipo humano fortalecido, se centraron las acciones en tres pilares fundamentales: inclusión real, liderazgo efectivo y entornos laborales saludables.
Inclusión y Diversidad
Se logró la implementación efectiva de los cupos normativos, garantizando procesos de selección transparentes y programas de sensibilización para asegurar una integración exitosa.
• Implementación de Cupos: Ejecución integral desde el llamado a concurso hasta la incorporación efectiva de ingresantes bajo el Cupo Trans y Cupo de Discapacidad.
• Alcance Territorial de Sensibilización:
o Cupo Trans: 3 talleres (Sarmiento y Centros de Atención, Trelew y Puerto Madryn).
o Cupo Discapacidad: 3 talleres (Esquel, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Centros de Atención).
• Ingresos Destacados: Incorporaciones efectivas en las localidades de Trelew, Esquel y Lago Puelo (Cupo Discapacidad).
Formación y Fortalecimiento de Competencias
La capacitación continua ha sido la herramienta clave para elevar los estándares de conducción y comunicación interna.
• Formación de Líderes destinada a Magistrados/as, orientada a expandir las competencias de comunicación y liderazgo. Estos talleres se realizaron en 3 ediciones en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Trelew.
• Comunicación Efectiva, taller destinado a personal administrativo con funciones de conducción. Se llevaron adelante 4 talleres en las localidades de Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew y Puerto Madryn.
Carrera Judicial y Nuevos Talentos
Se garantizó la transparencia en el crecimiento profesional y la apertura de la institución a la comunidad académica.
• Gestión de Concursos: Se llevaron a cabo 41 concursos de ascenso e ingreso, asegurando la idoneidad en cada puesto.
• Programa de Jóvenes Abogados y Pasantías: Integración de nuevos talentos para la renovación de equipos.
o Extensión Académica: Charlas informativas en las sedes de la UNPSJB (Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn).
Clima Laboral y Bienestar
Se trabajó activamente en la prevención y abordaje de conductas que vulneren la dignidad de los trabajadores.
• Ambientes Libres de Violencia: 6 talleres de sensibilización sobre violencia laboral y de género cubriendo toda la provincia (Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Sarmiento).
• Protocolo de Actuación: Intervención directa en 8 situaciones conflictivas a partir de la implementación del protocolo contra la violencia laboral y de género.
Fortalecimiento del Sistema de Juicio por Jurados
En cumplimiento de las nuevas exigencias procesales, la Dirección de Recursos Humanos brindó soporte técnico a los equipos de defensa. Se entiende que el éxito de la litigación ante jurados populares no solo depende del conocimiento jurídico, sino también de habilidades estratégicas en la selección y comunicación.
• Asistencia Técnica en el Terreno: Se brindó acompañamiento y asesoramiento técnico especializado a los equipos de defensores durante la etapa de Voir Dire (audiencia de selección de jurados).
• Alcance Geográfico: Este apoyo se desplazó a las circunscripciones de Esquel, Trelew, Rawson y Puerto Madryn.
2.3. DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
En el marco del funcionamiento administrativo e institucional del Ministerio, la Dirección Legal y Técnica sostuvo durante el año 2025 el acompañamiento jurídico de los distintos procesos administrativos, garantizando el control de legalidad de las actuaciones vinculadas a la gestión operativa, contractual y de infraestructura del organismo.
En este sentido, se realizaron dictámenes y controles de legalidad en procesos administrativos relacionados con llamados a licitación pública y concursos de precios con su posterior adjudicación, así como en la renovación de contrataciones de prestación de servicios en general. Estas intervenciones comprendieron expedientes referidos a readecuación de redes de datos y energía, obras de ampliación de oficinas en distintas localidades, contratos de locación de inmuebles, renovación del parque automotor, mantenimiento de ascensores, mantenimiento de central telefónica, renovación del servicio de limpieza y contrataciones de servicios profesionales en general (mantenimiento del Sistema TANGO — liquidación de sueldos, servicios de diseño gráfico, entre otros).
Asimismo, se efectuó el control de legalidad en el pago de certificados de obra conforme al avance de las mismas.
Contratos
En forma articulada con el Área de Recursos Humanos, se proyectaron nuevos modelos de contratos para pasantes y profesionales, estableciendo un mecanismo de actualización automática de montos en concordancia con el sistema vigente en el Superior Tribunal de Justicia. Del mismo modo, se brindó colaboración en la redacción de contratos para profesionales y pasantes, y se asesoró en la implementación de la nueva modalidad de prestación del servicio de obra social/prepaga para pasantes.
Sumarios administrativos
Se dio inicio al régimen sumarial establecido y reglado en el Título VI de la Ley V – N° 90, Título IV del Reglamento Interno General de la Defensa Pública y el Protocolo de actuación para casos de violencia y acoso laboral, para situaciones y hechos acaecidos en las localidades de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Puerto Madryn, Esquel y Rawson, brindándose además asesoramiento previo en estas temáticas para situaciones surgidas en la circunscripción Trelew.
Se trata de once casos en total, correspondiendo cinco (5) a la localidad de Comodoro Rivadavia, uno (1) a la localidad de Sarmiento, uno (1) a la localidad de Puerto Madryn, uno (1) a la localidad de Trelew, dos (2) a la localidad de Esquel y uno (1) a la localidad de Rawson. En el mismo sentido, se dio continuidad a procesos sumariales iniciados en el año 2024.
Normas internas y comunicación
Por último, se proyectaron y controlaron resoluciones, notas y distintos actos administrativos puestos a consideración y para la firma del Defensor General.
2.4. DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Esta Dirección asiste en todo lo necesario para el diseño, desarrollo y mantenimiento en materia informática de la Defensoría General y de las distintas áreas y oficinas que integran el Ministerio de la Defensa Pública. En dicho marco, además de la atención a usuarios en general, la gestión de tareas de mantenimiento de servidores y equipos informáticos distribuidos en toda la provincia, diseño web, programación de sistemas, coordinación de los delegados informáticos, entre otras tareas, se destacan las siguientes cuestiones:
“Mi Defensa APP”
Durante el año 2025 se concluyó el desarrollo de la primera versión de la aplicación móvil “Mi Defensa APP”, la cual fue publicada en la tienda de aplicaciones de Google, constituyendo un avance significativo en el proceso de modernización y digitalización de los servicios de este Ministerio.
Nueva versión del SIU
En el marco de la planificación institucional, se implementó en la ciudad de Rawson la nueva versión del SIU, estableciendo este hito como condición necesaria para la posterior puesta en funcionamiento de la aplicación móvil. Una vez operativa dicha versión del sistema, se habilitó el uso de la APP para los casos atendidos en la oficina de la Defensoría Civil de Rawson, permitiendo la integración de la información y optimizando los procesos de gestión.
A partir de esta experiencia inicial, se proyecta avanzar de manera progresiva y ordenada en la instalación de la nueva versión del SIU en las restantes circunscripciones, lo que permitirá extender gradualmente el uso de la aplicación móvil a nivel provincial. El ritmo de implementación estará condicionado por el grado de adopción y utilización del sistema por parte de los usuarios internos, la demanda operativa de las distintas oficinas y las complejidades técnicas inherentes al proceso de unificación de los datos en una base de datos provincial única.
En el marco del fortalecimiento y modernización del sistema SIU, durante el período se incorporaron múltiples funcionalidades solicitadas por los usuarios, entre las que se destacan la definición de relaciones personales entre requirentes, la incorporación de domicilios con geoposicionamiento y la ampliación de datos personales, incluyendo la definición de género. Asimismo, se incorporaron mejoras en materia de accesibilidad en distintos módulos del sistema, con el objetivo de brindar soporte a usuarios con discapacidad, facilitando su utilización mediante ajustes funcionales orientados a una mayor usabilidad e inclusión.
Reportes de Información Estadística
Se desarrollaron nuevos reportes de información estadística y se optimizó la gestión de las esperas de atención, permitiendo una diferenciación más precisa entre requirentes en espera, casos pendientes y comunicaciones originadas a través de la aplicación móvil.
En relación con los procesos internos, se llevó a cabo una reingeniería del módulo de Avenimientos de la Asesoría de Familia, mejorando sustancialmente el flujo de trabajo para su tramitación. Del mismo modo, se rediseñó la agenda de trabajo para su integración con el sistema Chronos del Superior Tribunal de Justicia, posibilitando el acceso a un calendario actualizado de feriados y plazos legales.
Asimismo, se reformuló íntegramente el módulo de declaraciones juradas con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 492/25 DG, relativa a los Criterios de Admisibilidad, asegurando su correcta aplicación en el sistema.
Módulo Funcional OAPPL
Finalmente, se incorporó un nuevo módulo funcional destinado a dar respuesta a las solicitudes originadas por las Oficina de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad (OAPPL) de toda la provincia, permitiendo el registro de incidentes, detenciones, audiencias, vencimientos de plazos, entre otros datos técnicos propios de los casos que dichas oficinas gestionan.
Actualización de equipos
En el marco del proceso de renovación del parque informático, se actualizaron más de un centenar de equipos en distintas dependencias de toda la provincia. Como parte de estas acciones, 54 computadoras en estado de obsolescencia fueron reacondicionadas y cedidas en préstamo, priorizando su destino a organismos e instituciones vinculadas a la protección integral de derechos y al trabajo con niños, niñas y adolescentes, entre ellas hogares de niñez y adolescencia de distintas localidades, el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE), el Hospital de Trelew —particularmente en el área de Salud Mental—, establecimientos educativos, bibliotecas comunitarias, Servicios de Protección de Derechos de distintos municipios de la provincia y la Escuela de Reingreso de la ciudad de Trelew, entre otras.
3. SECRETARÍA CIVIL Y DE FAMILIA
Desde la Secretaría Civil y de Familia de la Defensoría General de la Provincia del Chubut se desarrolló durante el ciclo laboral 2025 un conjunto amplio de intervenciones profesionales orientadas al fortalecimiento del servicio que brindan las Defensorías Civiles y las Asesorías de Familia de toda la provincia.
Creada en diciembre de 2023, la Secretaría transitó en 2025 su tercer ciclo laboral completo, período en el que se consolidaron los vínculos de trabajo con las oficinas bajo su órbita funcional y se fortalecieron los circuitos de acompañamiento técnico y articulación interinstitucional.
Durante el período 2025, la Secretaría desarrolló un volumen significativo de intervenciones vinculadas a la garantía de derechos. En ese marco, participó en más de 30 procesos judiciales brindando asistencia jurídica especializada a las jurisdicciones, realizó aproximadamente 12 intervenciones directas ante el Superior Tribunal de Justicia, impulsó alrededor de 25 gestiones pre judiciales ante organismos del Poder Ejecutivo orientadas a evitar la judicialización de conflictos y sostuvo más de 50 intervenciones operativas vinculadas a gestiones administrativas y diligenciamiento de actuaciones ante organismos provinciales.
Además, se profundizó el análisis de las necesidades operativas y técnicas de las jurisdicciones, orientando el trabajo hacia aquellas acciones que generaran mayor impacto en la calidad del servicio, tanto en el acompañamiento técnico-jurídico como en la articulación interinstitucional.
En este marco, se desarrollaron intervenciones de diverso orden, incluyendo acciones interinstitucionales con organismos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y otros actores del sistema de protección de derechos.
Se consolidó un sistema de colaboración técnica permanente con las jurisdicciones, interviniendo en procesos judiciales mediante asistencia jurídica especializada, elaboración de dictámenes, análisis técnico y acompañamiento en estrategias procesales, así como en actuaciones recursivas ante instancias superiores cuando la complejidad jurídica de los casos así lo requería.
Asimismo, se llevaron adelante gestiones pre judiciales orientadas a resolver situaciones que admitían abordajes administrativos o interinstitucionales, evitando en numerosos casos la judicialización y favoreciendo respuestas más ágiles frente a situaciones de vulnerabilidad social, sanitaria o habitacional.
En paralelo, se promovieron iniciativas vinculadas a producción normativa y análisis legislativo, algunas de ellas de alto impacto institucional, orientadas al fortalecimiento del marco regulatorio del Ministerio de la Defensa Pública, particularmente en materia de criterios de intervención, organización del servicio y definición de lineamientos técnicos para la actuación institucional.
La Secretaría mantuvo además intervención directa en la atención de personas usuarias de presentación espontánea, así como en el análisis y resolución de reclamos institucionales y vías recursivas vinculadas a quejas de usuarios.
Se desarrollaron también tareas de gestión operativa para las jurisdicciones ante organismos del Poder Ejecutivo, fortaleciendo circuitos administrativos y acompañando la resolución institucional de situaciones complejas que requerían articulación estatal.
Asimismo, se sostuvieron líneas de trabajo propias y complementarias con otras Secretarías del organismo, entre las que se destacan la participación en la implementación de la APP institucional y el acompañamiento permanente a la Dirección de Recursos Humanos en el sostenimiento del Programa de Formación de Jóvenes Abogados.
3.1. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
En el plano interinstitucional, la Secretaría desarrolló acciones de articulación con organismos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y con actores del sistema de protección de derechos, orientadas a fortalecer las capacidades de intervención de las Defensorías Civiles y Asesorías de Familia en todo el territorio provincial.
En este marco, se participó en instancias de trabajo técnico destinadas al desarrollo y fortalecimiento de protocolos de intervención en situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes, particularmente en contextos de violencia y en instancias de producción de prueba testimonial. Estas acciones incluyeron la colaboración en procesos de relevamiento y sistematización de información institucional, así como la participación en espacios de capacitación y coordinación interinstitucional orientados a unificar criterios de intervención y mejorar la calidad del abordaje en este tipo de situaciones.
Asimismo, se desarrollaron gestiones de articulación con organismos del Poder Ejecutivo vinculadas a problemáticas estructurales de acceso a derechos, especialmente en materia de acceso a servicios de salud en regiones con mayores dificultades de cobertura, incluyendo zonas rurales y localidades con barreras geográficas o institucionales para el acceso a prestaciones médicas.
La Secretaría intervino también ante requerimientos provenientes de instituciones sociales, deportivas y comunitarias que demandaban orientación institucional frente a situaciones vinculadas a protección de derechos, contribuyendo a encauzar los abordajes institucionales y a fortalecer circuitos de derivación y acompañamiento adecuados.
En el mismo sentido, se sostuvieron espacios de intercambio institucional con colegios profesionales, orientados a abordar problemáticas vinculadas al ejercicio profesional, criterios de intervención y situaciones recurrentes en el acceso a derechos, fortaleciendo el vínculo institucional y la coordinación de agendas de trabajo.
Paralelamente, se sostuvo un seguimiento permanente de consultas vinculadas a criterios de admisión de personas usuarias, acompañando a las jurisdicciones en la definición de encuadres institucionales y promoviendo criterios homogéneos de intervención en todo el territorio provincial.
En relación con el funcionamiento de dispositivos judiciales sensibles, se promovieron intervenciones institucionales orientadas a garantizar condiciones adecuadas para el abordaje de situaciones complejas, resguardando estándares mínimos de intervención en instancias que involucran la toma de testimonios y otras actuaciones vinculadas a procesos judiciales.
Finalmente, se desarrollaron presentaciones y análisis técnicos en articulación con otros actores del sistema judicial en relación con disposiciones normativas de impacto institucional, proyectando líneas de trabajo orientadas al fortalecimiento del servicio para los períodos subsiguientes.
3.2 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A JURISDICCIONES Y TRABAJO JURÍDICO ESPECIALIZADO
En el marco del fortalecimiento técnico de las Defensorías Civiles y Asesorías de Familia de toda la provincia, la Secretaría sostuvo un sistema permanente de asistencia jurídica especializada a las jurisdicciones, interviniendo en procesos judiciales vinculados a la garantía de derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
Estas intervenciones se vincularon principalmente con temáticas tales como:
• Acceso a prestaciones de salud y tratamientos médicos de alta complejidad
• Acceso a pensiones y prestaciones previsionales
• Determinación de capacidad jurídica
• Conflictos patrimoniales con impacto en condiciones de vida digna
• Derechos habitacionales
• Procesos de familia vinculados a cuidado, guarda, comunicación y protección integral de niños, niñas y adolescentes
• Procesos vinculados a identidad de género y acceso a prestaciones médicas asociadas
• Procesos vinculados a derechos de personas con discapacidad y personas mayores
Asimismo, se brindó acompañamiento técnico en situaciones que requerían articulación con organismos del sistema de protección integral, incluyendo intervenciones en contextos de institucionalización, abordajes interdisciplinarios y coordinación interinstitucional.
3.3 GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y ACCESO A DERECHOS SOCIALES
En forma complementaria a las intervenciones judiciales, la Secretaría desarrolló gestiones administrativas e interinstitucionales orientadas a garantizar el acceso efectivo a derechos sociales fundamentales, particularmente en materia de salud, discapacidad, vivienda, servicios públicos y asistencia social.
Estas intervenciones incluyeron gestiones vinculadas a:
• Acceso a medicación de alto costo
• Tratamientos médicos especializados
• Traslados sanitarios
• Internaciones en dispositivos especializados
• Acceso a acompañamientos terapéuticos
• Procesos de rehabilitación
• Acceso a servicios básicos en contextos rurales
• Acceso a subsidios habitacionales y dispositivos de asistencia social
En numerosos casos, estas gestiones permitieron resolver situaciones críticas evitando la judicialización, fortaleciendo el acceso temprano a derechos y reduciendo tiempos de respuesta estatal.
3.4 PRODUCCIÓN NORMATIVA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
La Secretaría desarrolló intervenciones orientadas al fortalecimiento del funcionamiento institucional del Ministerio de la Defensa Pública mediante la elaboración de dictámenes técnicos, participación en procesos de análisis normativo y colaboración en la elaboración e implementación de instrumentos regulatorios internos.
En este marco, se trabajó en el desarrollo y consolidación de resoluciones generales orientadas a unificar criterios de intervención en todo el territorio provincial, particularmente en materias vinculadas a admisión de personas usuarias, abordajes institucionales frente a situaciones de violencia y definición de lineamientos de actuación en temáticas civiles y de familia.
Asimismo, se elaboraron análisis técnicos y dictámenes vinculados a normativa de alcance nacional y provincial con impacto en la actuación del organismo, contribuyendo a la definición de posicionamientos institucionales y a la adecuación de prácticas internas frente a modificaciones normativas o nuevas exigencias regulatorias.
La Secretaría intervino también en procesos de evaluación institucional de funcionamiento de oficinas, incluyendo instancias de acompañamiento, diagnóstico organizacional y elaboración de propuestas de mejora orientadas a optimizar el funcionamiento de dispositivos territoriales, fortalecer circuitos de trabajo interno y consolidar estándares de calidad en la prestación del servicio.
Estas intervenciones permitieron fortalecer el marco regulatorio interno del organismo, consolidar criterios institucionales homogéneos y acompañar procesos de mejora organizacional en áreas estratégicas del Ministerio de la Defensa Pública.
En este sentido, el trabajo desarrollado contribuyó al fortalecimiento de la gobernanza institucional del organismo, promoviendo mayor previsibilidad en los circuitos de intervención, mayor homogeneidad en los criterios técnicos y mayor capacidad de respuesta frente a escenarios complejos o de alta demanda institucional.
3.5 INTERVENCIÓN ANTE RECLAMOS, QUEJAS Y CONTROL INSTITUCIONAL
Durante el período, la Secretaría sostuvo intervenciones orientadas al abordaje institucional de reclamos, denuncias y presentaciones formuladas por personas usuarias o terceros, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de control interno y a la mejora continua de la calidad del servicio brindado por el Ministerio de la Defensa Pública.
En este marco, se asumieron intervenciones ante presentaciones vinculadas a actuaciones de oficinas del organismo, desarrollando procesos de análisis técnico, solicitud de informes, evaluación de actuaciones y elaboración de conclusiones institucionales orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del servicio y el resguardo de derechos de las personas usuarias.
Asimismo, se desarrollaron intervenciones en situaciones que requerían articulación entre distintas jurisdicciones del organismo, promoviendo instancias de trabajo conjunto, coordinación de abordajes y definición de estrategias institucionales frente a situaciones complejas que involucraban a múltiples áreas de intervención.
La Secretaría sostuvo además instancias de acompañamiento técnico frente a situaciones de conflictividad institucional o reclamos complejos, facilitando espacios de articulación interna, promoviendo la resolución institucional de conflictos y contribuyendo a la adopción de medidas orientadas a fortalecer la respuesta del organismo frente a situaciones críticas.
Estas intervenciones permitieron fortalecer los mecanismos institucionales de revisión, garantizar estándares de actuación homogéneos y consolidar circuitos de respuesta frente a reclamos vinculados al funcionamiento del servicio.
En este sentido, el trabajo desarrollado contribuyó a fortalecer la transparencia institucional, la calidad de la atención y la confianza de las personas usuarias en el funcionamiento del Ministerio de la Defensa Pública.
3.6 SOPORTE OPERATIVO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
Durante el período, la Secretaría sostuvo acciones orientadas al fortalecimiento del funcionamiento interno del Ministerio de la Defensa Pública mediante tareas de soporte operativo a las jurisdicciones, acompañamiento técnico a áreas centrales del organismo y participación en el desarrollo de programas estratégicos institucionales.
En este marco, se desarrollaron gestiones operativas permanentes ante organismos del Poder Ejecutivo, principalmente vinculadas al diligenciamiento de oficios, seguimiento administrativo de actuaciones y acompañamiento institucional en circuitos de gestión que requerían intervención ante áreas centrales del Estado provincial. Estas intervenciones permitieron agilizar circuitos administrativos, fortalecer la capacidad de respuesta de las jurisdicciones y optimizar tiempos de gestión en situaciones que requerían respuestas estatales urgentes o coordinadas.
Asimismo, la Secretaría sostuvo líneas de trabajo complementarias con otras áreas del organismo, particularmente con la Dirección de Recursos Humanos, acompañando el desarrollo y sostenimiento del Programa de Formación de Jóvenes Abogados, mediante instancias de articulación con jurisdicciones, participación en procesos de selección, acompañamiento en instancias de entrevistas y fortalecimiento del vínculo institucional con colegios profesionales.
En paralelo, se participó en procesos de modernización institucional vinculados al desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas, incluyendo la colaboración en el proceso de implementación de la aplicación institucional, mediante instancias de trabajo técnico con el área informática, aportes a la construcción de circuitos de funcionamiento y acompañamiento en instancias de implementación piloto en territorio.
La Secretaría sostuvo además presencia territorial mediante concurrencias a distintas jurisdicciones provinciales, promoviendo instancias de acompañamiento institucional, fortalecimiento de equipos de trabajo, seguimiento de procesos organizacionales y articulación directa con autoridades y equipos técnicos locales.
Asimismo, se participó en instancias de capacitación, formación y representación institucional en espacios académicos y técnicos vinculados a las materias de intervención del organismo, contribuyendo a la consolidación del posicionamiento institucional del Ministerio de la Defensa Pública en ámbitos especializados.
El trabajo desarrollado permitió fortalecer la capacidad operativa del organismo, consolidar procesos de modernización institucional, acompañar el desarrollo de recursos humanos estratégicos y sostener instancias de articulación interna orientadas a mejorar la calidad del servicio brindado en todo el territorio provincial.
4. SECRETARÍA PENAL
El eje de la labor de la Secretaría Penal se encuentra en su carácter temático, constituyéndose como un área de atención directa tanto a integrantes de las oficinas penales de toda la provincia como a requirentes del servicio asistidos por el Defensor General ante instancias provinciales y nacionales.
Entre sus funciones principales se encuentra el apoyo técnico y funcional al cuerpo de abogados/as y empleados/as que desempeñan tareas en las oficinas penales de cada circunscripción. Asimismo, desarrolla la tarea de relatoría ante la instancia del Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por decisión del Defensor General, y con el objeto de descomprimir la carga de trabajo de las Oficinas Penales de la Provincia, la Secretaría Penal asume además el ejercicio de defensas administrativas en procedimientos sancionatorios no penales ante el Superior Tribunal de Justicia y/o ante el Consejo de la Magistratura, en aquellos casos en que sus servicios son requeridos.
4.1. FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA PENAL Y ASISTENCIA AL DETENIDO/A
Siguiendo la política institucional definida por el Defensor General, la Secretaría Penal sostuvo durante el año 2025 la comunicación directa y periódica con cada oficina penal de la provincia.
Se consolidó la modalidad de contacto semanal con las Oficinas de Defensa Penal y las Oficinas de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad, manteniendo un intercambio constante de información sobre casos, problemáticas territoriales y situaciones institucionales relevantes. Esta dinámica permitió consolidar un canal de diálogo fluido —más allá de los circuitos formales— fortaleciendo la articulación interna y redundando en una mejora del servicio brindado a la comunidad.
En este marco, se sostuvieron encuentros virtuales y visitas a cada Jefatura de circunscripción, promoviendo el contacto personal, profesional y humano con los equipos de trabajo. Asimismo, se mantuvo como práctica institucional el contacto permanente mediante el uso de nuevas tecnologías con las distintas oficinas y áreas de la Defensa Penal.
Durante el año se concretó la reunión anual de las Oficinas de Defensa Penal y de las Oficinas de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad, donde se abordaron problemáticas actuales del funcionamiento de cada oficina y se realizaron instancias de capacitación vinculadas al manejo de evidencia digital en el proceso penal.
4.2. CAPACITACIONES Y CONVENIOS
Durante el año 2025 se desarrollaron múltiples instancias de formación, actualización profesional y cooperación institucional.
Desde el mes de abril se implementó un espacio de formación y reflexión colectiva de modalidad virtual y frecuencia mensual, estructurado en dos formatos complementarios: capacitaciones técnicas y ateneos de casos reales. La iniciativa se encuentra coordinada por el Defensor General Alterno, Jorge Benesperi, en el marco de la política institucional de capacitación continua.
Los días 12 y 26 de mayo de 2025 se desarrollaron los Talleres Teórico-Prácticos relativos a la modificación de los artículos 50 y 58 del Código Penal, dictados por el Dr. Rubén Alderete Lobo bajo modalidad virtual a través de la plataforma Webex.
En el mes de agosto se llevó adelante en la ciudad de Comodoro Rivadavia una capacitación en evidencia digital destinada al personal de la Defensa Penal y de la Oficina de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad. La actividad abordó aspectos vinculados a cadena de custodia, evidencia en dispositivos móviles e inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), combinando instancias teóricas y prácticas orientadas al fortalecimiento del abordaje de este tipo de pruebas.
Los días 4 y 5 de septiembre se desarrolló la reunión anual de las Oficinas de Defensa Penal y Oficinas de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad en la ciudad de Trelew, con la participación de equipos de toda la provincia y la realización de instancias formativas específicas.
En el mes de octubre el Defensor General firmó un convenio de cooperación con la Procuración General para la utilización del sistema informático “Espejo Chubut”, herramienta destinada a la extracción y resguardo de evidencia digital desde dispositivos móviles, fortaleciendo la modernización tecnológica aplicada a la defensa pública.
Asimismo, durante el año se sostuvieron instancias permanentes de capacitación en Juicios por Jurados, con encuentros presenciales y virtuales en distintas circunscripciones, abordando construcción de teoría del caso, audiencia preliminar, selección de jurados, litigación de instrucciones e instancias impugnativas.
Durante el mes de diciembre finalizó una capacitación en Derechos Humanos destinada a aspirantes a agentes de la Policía del Chubut, dictada por profesionales del Ministerio de la Defensa Pública en el marco del Convenio Marco de Cooperación vigente con dicha institución.
4.3. INTERVENCIÓN EN JUICIOS POR JURADOS
En relación con la intervención en debates bajo la modalidad de Juicio por Jurados, en 2025 se registró la realización de 27 juicios en la Provincia del Chubut, con participación del Ministerio de la Defensa Pública en 21 de ellos, lo que representa aproximadamente el 78 % de los debates desarrollados bajo esta modalidad en la provincia. Este volumen de intervención refleja la relevancia que este tipo de procesos ha adquirido dentro de la litigación penal y la participación sostenida de la Defensa Pública en este ámbito.
La dinámica propia de los juicios por jurados ha implicado la necesidad de adaptar las estrategias de intervención institucional, incorporando mayores instancias de planificación anticipada, especialización técnica y fortalecimiento permanente de las capacidades profesionales de los equipos de defensa.
En este marco, se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario integrado por la Secretaría Penal, el Defensor General Alterno, la Dirección de Recursos Humanos y el área de Planificación e Investigación, fortaleciendo el acompañamiento técnico en la preparación y desarrollo de los debates. Este trabajo permitió incorporar herramientas de análisis de perfiles de potenciales jurados, optimizar la planificación estratégica de la teoría del caso y brindar asistencia técnica directa a los equipos litigantes.
Estas prácticas se integran a las líneas de capacitación y fortalecimiento institucional desarrolladas por la Secretaría Penal, en un escenario donde los juicios por jurados requieren mayores niveles de preparación técnica, coordinación y trabajo en equipo.
4.4. INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y ESTADÍSTICAS
En articulación con el Área de Investigación y Estadísticas de la Defensoría General, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Política Institucional, se desarrollaron diversas acciones de relevamiento y análisis de información vinculada a contextos de encierro.
Esta práctica constituye una herramienta estratégica de diagnóstico institucional, destacándose por su sostenimiento en el tiempo y la calidad de la información producida, posicionando a la Defensa Pública del Chubut como referencia a nivel nacional.
Asimismo, estas acciones dan cumplimiento a los estándares establecidos por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas (OPCAT), orientado a la realización de visitas periódicas a lugares de detención con el fin de prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En este marco se sostiene el Informe Semanal de Personas Privadas de Libertad y el Monitoreo Anual, que serán desarrollados en los apartados correspondientes del presente informe.
4.5. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RECURSOS Y PETICIONES ANTE ORGANISMOS PROVINCIALES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Durante el año 2025 se elaboraron y presentaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia diez (10) Recursos Extraordinarios Federales y cinco (5) Recursos de Queja por denegatoria de dichos recursos, además de la contestación de traslados conferidos por el tribunal respecto de recursos interpuestos por la Procuración General.
Asimismo, se realizaron tres (3) presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso Diego Armando Pacheco (Caso Nº 13.079 – Argentina).
La Secretaría Penal continuó participando activamente en audiencias orales y públicas ante el Superior Tribunal de Justicia, interviniendo tanto en defensas técnicas, sostenimiento de sobreseimientos y representación en casos vinculados a niños, niñas y adolescentes víctimas de delito.
4.6. GESTIONES VINCULADAS A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD – INSTANCIAS EDUCATIVAS
Durante el año 2025 se desarrollaron diversas acciones orientadas a garantizar el acceso a la educación formal y no formal de personas privadas de libertad.
Se realizaron recorridas institucionales en dependencias policiales para verificar condiciones edilicias destinadas al dictado de clases, con participación de autoridades judiciales, educativas y policiales.
Se gestionaron cupos para la participación de personas privadas de libertad en talleres de formación profesional, incluyendo propuestas vinculadas a energías renovables, reparación de electrodomésticos, herrería, informática e impresión 3D.
En Comodoro Rivadavia se desarrollaron trabajos de reacondicionamiento del playón deportivo de la Alcaidía Policial mediante articulación interinstitucional con organismos públicos, sindicatos y empresas privadas, permitiendo el desarrollo de actividades deportivas con participación aproximada de 130 personas privadas de libertad.
Asimismo, se realizaron gestiones para la creación de aulas destinadas a actividades educativas presenciales en dependencias policiales y se participó en instancias interinstitucionales vinculadas a programas de prevención de adicciones en contextos de encierro.
Durante el año también se impulsaron acciones orientadas a facilitar el acceso a la educación superior de personas privadas de libertad, mediante articulación con la Universidad del Chubut, en el marco del convenio de cooperación vigente.
Finalmente, la Secretaría Penal participó del cierre anual de talleres y actividades desarrolladas en el programa “Mujeres en Conflicto con la Ley Penal”, orientado a la capacitación, desarrollo de habilidades y promoción de derechos de mujeres privadas de libertad.
5. SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL
La Secretaría de Coordinación y Política Institucional tiene entre sus responsabilidades la gestión de las relaciones institucionales del Ministerio de la Defensa Pública, la proyección de las políticas institucionales definidas por el Defensor General y la articulación entre las distintas áreas y servicios que integran la Defensa Pública en todo el territorio provincial.
Durante el año 2025, las acciones desarrolladas desde esta Secretaría estuvieron orientadas al fortalecimiento del acceso a la justicia, la consolidación de la presencia territorial del organismo y la profundización del trabajo articulado con organismos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, gobiernos locales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
En este marco, se avanzó en el diseño, implementación y seguimiento de programas institucionales, en la generación de herramientas técnicas para la toma de decisiones estratégicas y en el acompañamiento de las políticas públicas vinculadas a niñez, adolescencia, familia y acceso a derechos de sectores en situación de vulnerabilidad.
5.1 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Mesa interpoderes de análisis del funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes
El Ministerio de la Defensa Pública lleva adelante la coordinación de la Comisión de Seguimiento de la Ley III N° 21, creada por Ley III N° 50, sancionada en mayo del 2024.
La Comisión, integrada en el mes de agosto del año 2024, está formada por cuatro Diputados, un integrante del Ministerio de Desarrollo Humano, dos integrantes del Poder Judicial y dos docentes titulares de la Cátedra de Derecho de Familia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
La tarea encargada a la Comisión es la elaboración de un informe donde conste un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos desde la implementación de dicha ley hasta la actualidad, con el fin de evaluar su efectividad en la protección integral de la niñez, la adolescencia y la familia, identificar los logros alcanzados, así como los desafíos y áreas de mejora pendientes, y formular recomendaciones de reforma para fortalecer su propósito y optimizar su impacto en la sociedad.
Durante el 2025 se llevaron adelante las jornadas de intercambio junto a la Defensa Pública de Entre Ríos, representada por la Secretaría de Política Institucional, Dra. Lorena Cali, quien fuera acompañada de la Lic. en Trabajo Social y ex Ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos Marisa Paira, y la Lic. en Psicología Federica Otero, especialista en adopciones. Los temas abordados fueron el funcionamiento del Servicio de Protección y la implementación de la rectoría del sistema, así como el Protocolo de articulación en medidas de protección excepcional.
Se espera que para comienzos de 2026 esté finalizado el relevamiento del funcionamiento del sistema de protección que lleva adelante UNICEF a partir de la firma de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Dicho informe será un insumo fundamental para la tarea que lleva adelante la Comisión.
5.2 ACCESO A LA JUSTICIA. CENTROS DE ATENCIÓN EN PEQUEÑAS LOCALIDADES
Registro
Se implementaron los lineamientos que surgen del Marco de Actuación de los Centros de Atención de la Defensa Pública. Uno de los aspectos centrales de la resolución era la visibilización del trabajo diario de los centros, así como el registro detallado del mismo que permita orientar la política institucional de acceso a la justicia en estas localidades.
Así fue como durante el 2025 se modificaron las prestaciones del sistema de gestión del Ministerio (SIU) a fin de poder registrar toda la actividad que se lleva adelante por sus encargadas, articulaciones con otros actores de la comunidad, difusión de derechos, atención de consultas de todo tipo y asesoramientos generales.
Capacitaciones
Se llevaron adelante dos reuniones anuales con participación de todos los centros, del equipo de la Defensoría General y el propio Dr. Sebastián Daroca.
Durante la primera mitad del año se efectuó el encuentro en la ciudad de Rawson y se brindó una capacitación en materia de mediación por especialista de la Judicatura en aras de fortalecer estas capacidades en las encargadas de los Centros.
En el segundo semestre se realizaron cuatro capacitaciones en Derecho de Familia llevadas adelante por el Defensor Civil y Jefe de la Circunscripción Rawson, Bernardo Corneo, y la Abogada Adjunta Verónica Marco.
En el mes de noviembre, en la localidad de Gobernador Costa, se llevó adelante la segunda reunión anual que contó con la capacitación a cargo de Silvina Ramírez, abogada especialista en derecho indígena y acceso a la justicia.
Inauguraciones
En la localidad de Gobernador Costa se llevó adelante la inauguración de la nueva oficina del Centro de Atención que funcionó durante años en el Juzgado de Paz.
Asimismo, en el mes de diciembre se habilitó la creación del Centro de Atención de la Defensa Pública en la localidad de Gastre, que se pondrá en funcionamiento durante los primeros meses del 2026.
Difusión de derechos
Otro de los ejes de actuación de la Resolución 405/24 es la profundización de las acciones de difusión de derechos en cada una de las comunidades.
En este marco, durante el año 2025 los Centros de Atención participaron en diversas actividades territoriales de promoción y difusión de derechos, entre ellas charlas en establecimientos educativos, participación en eventos comunitarios y jornadas institucionales, actividades de articulación interinstitucional, participación en redes comunitarias y espacios de trabajo territorial, fortaleciendo la presencia institucional de la Defensa Pública en el interior provincial.
Intercambios
Por Resolución 563/25 se aprobó el “Programa de Formación Territorial y Prácticas Institucionales para Centros de Atención”, consistente en el desarrollo de intercambio de experiencias entre encargadas de centros de atención de la Defensa.
Las mismas consisten en una etapa de intercambio en un Centro de Atención receptor, con actividades previamente planificadas, una etapa de replicación en la localidad de origen con acompañamiento presencial o virtual del equipo referente y la elaboración de un informe final conjunto que sistematice actividades, aprendizajes y dificultades, a fin de evaluar el impacto institucional.
La primera experiencia se desarrollará a comienzos del 2026.
5.3 PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE
Durante el 2025 el Defensor General avanzó en la especialización en el servicio de justicia que se presta a adolescentes a partir de la incorporación, con los recursos disponibles, de una defensa especializada en materia penal.
Hasta el momento dicha especialización estaba exclusivamente a cargo de la Asesoría de Familia. Mediante la Resolución 120/25 se instó a las Jefaturas de Trelew y Puerto Madryn a asignar las causas de responsabilidad penal adolescente a un equipo liderado por un Defensor o Defensora, a fin de que las trabajen exclusivamente.
Asimismo, se determinó que las personas que integren los equipos deberán contar con el perfil específico que requiere la tarea, debidamente acreditado en las resoluciones de designación.
Producto de ello, ambas Jefaturas realizaron las designaciones correspondientes.
Durante el año se realizaron reuniones entre Asesorías de Familia y Defensa Penal de las distintas circunscripciones a fin de avanzar en la redacción de guías de actuación que fomenten la perspectiva de adolescencia y las prácticas restaurativas. Se espera su sanción para inicios del 2026.
En materia de capacitación, en agosto, por Resolución 509/25 se declaró de Interés Institucional el III Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, realizándose apoyos económicos para la participación de equipos interdisciplinarios de Trelew y Puerto Madryn.
5.4 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. RELEVAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE CUIDADO RESIDENCIAL
En julio del 2025 el Defensor General firmó la Resolución 403/25 mediante la cual se aprobaron las nuevas planillas de Monitoreo de Dispositivos de Cuidado Residencial y de Privación de Libertad de Adolescentes.
Ello se vincula con el deber de las Asesorías de Familia de inspeccionar periódicamente establecimientos de internación, guarda o tratamiento de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad, sean públicos o privados.
Los monitoreos se realizaron entre agosto y octubre de 2025 con acompañamiento de equipos interdisciplinarios de la Defensoría General. Durante los primeros meses del 2026 se publicará el informe correspondiente.
5.5 ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN
Durante el año 2025, el Área de Planificación e Investigación consolidó su misión de contribuir a la mejora continua del servicio de Defensa Pública mediante la producción de información estratégica y la planificación basada en evidencia empírica, en línea con las políticas institucionales orientadas al fortalecimiento del acceso a la justicia y la presencia territorial del organismo. A través de la implementación de diversos instrumentos técnicos de recolección de datos, la labor se centró en transformar diagnósticos en insumos concretos para la toma de decisiones institucionales, integrando una perspectiva social, territorial y cultural en la planificación del organismo.
En el marco de sus funciones de monitoreo, se mantuvo el sistema de relevamiento semanal de personas privadas de libertad en la provincia. Asimismo, en cumplimiento de la Resolución N° 405/24 DG, se dio continuidad al análisis del Registro de Actividades de los Centros de Atención, permitiendo cuantificar la labor de admisión y asesoramiento e identificar las principales problemáticas y demandas ciudadanas en el territorio. En el fuero civil, se realizaron muestreos comparativos de la demanda de servicio que permitieron identificar tendencias vinculadas al contexto socioeconómico y su impacto en las cargas de trabajo institucional. En este período se presentaron, además, el Informe Anual de Asesorías de Familia sobre Detención de Niños, Niñas y Adolescentes y el Informe Anual del Banco de Datos de Casos de Tortura. Actualmente se encuentra en proceso el informe semestral sobre la situación de personas detenidas en la provincia.
Un eje destacado del año fue el inicio del Apoyo Estratégico a la Litigación en Juicios por Jurados, desarrollado en conjunto con la Secretaría Penal, el Área de Recursos Humanos y el Defensor General Alterno. El Área intervino activamente en la etapa de Voir Dire (selección de jurados) en diversos juicios llevados a cabo en las distintas circunscripciones de la provincia, diseñando perfiles acordes a las teorías del caso y brindando asesoramiento técnico según los requerimientos de las defensorías penales. Esta línea de trabajo busca profundizar el soporte técnico interdisciplinario para humanizar la figura del imputado mediante el análisis de trayectorias de vida y peritajes culturales que permitan mitigar sesgos sociales ante el jurado. Finalmente, se fortaleció la creación de una base de datos estadística sobre juicios por jurado y un banco de preguntas orientado a facilitar la labor estratégica de los defensores en toda la provincia.
5.6 ÁREA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PRENSA Y CEREMONIAL
Durante el año 2025 el Área de Comunicación Institucional, Prensa y Ceremonial continuó desarrollando las tareas vinculadas a la comunicación interna y externa del Ministerio, la cobertura de actividades institucionales, la difusión de derechos, la organización y el desarrollo protocolar de actos institucionales, y el soporte comunicacional a las distintas áreas y oficinas de la Defensa Pública en toda la provincia.
A partir del 1° de enero de 2025 se puso en funcionamiento el nuevo esquema de identidad visual del Ministerio de la Defensa Pública, que incluyó la actualización del logotipo institucional y la implementación del Manual de Identidad Visual aprobado mediante Resolución N° 754/24 DG. Esta herramienta permitió establecer criterios uniformes para el uso de la imagen institucional en todos los soportes gráficos, digitales y audiovisuales, fortaleciendo la coherencia comunicacional y el reconocimiento institucional en todo el territorio provincial.
La implementación de este nuevo esquema de identidad visual se constituyó en una herramienta estratégica para consolidar la presencia institucional del Ministerio, acompañando el crecimiento territorial del servicio y garantizando una representación homogénea de la Defensa Pública en todas las circunscripciones y Centros de Atención.
6. OFICINAS SERVICIO SOCIAL
En el marco de las funciones definidas por la Resolución N° 228/11, durante el año 2025 el Servicio Social del Ministerio de la Defensa Pública sostuvo intervenciones orientadas al acompañamiento técnico-social de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a la garantía del acceso efectivo a derechos y al fortalecimiento de las respuestas institucionales en articulación con los distintos fueros del organismo y con otros organismos del Estado.
Las intervenciones se desarrollaron desde una perspectiva integral, considerando los determinantes sociales, económicos, familiares, educativos y comunitarios que atraviesan las situaciones judiciales. En este sentido, el abordaje profesional se orientó a aportar elementos técnicos para la contextualización social de las situaciones judiciales, fortaleciendo la toma de decisiones institucionales desde un enfoque de derechos humanos.
6.1. ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS SOCIALES
Durante el período informado, el Servicio Social desarrolló intervenciones orientadas a garantizar el acceso efectivo a la justicia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad social, a partir de requerimientos formulados por las Defensorías Civiles, Asesorías de Familia, Defensorías Penales y, en determinados casos, la Defensa Pública Federal.
Las actuaciones se vincularon principalmente con condiciones estructurales que inciden en el ejercicio de derechos, tales como situación habitacional, acceso a ingresos, prestaciones sociales, documentación personal y redes de apoyo familiar y comunitario. En este marco, se realizaron evaluaciones sociales integrales que permitieron relevar las condiciones materiales de vida de las personas asistidas, aportando elementos técnicos relevantes para la toma de decisiones judiciales y administrativas.
Asimismo, se desarrollaron acciones orientadas a garantizar el derecho a la identidad y la regularización documental como requisito indispensable para el acceso a políticas públicas y el ejercicio de derechos sociales, civiles y económicos.
6.2. NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Las intervenciones se desarrollaron desde un enfoque interdisciplinario e interinstitucional, priorizando la articulación con Servicios de Protección de Derechos, dispositivos de cuidado alternativo, instituciones educativas y organismos de salud, tanto en ámbitos urbanos como rurales.
En este sentido, se sostuvieron espacios de trabajo orientados a la planificación de estrategias de restitución de derechos, acompañamiento de trayectorias familiares y fortalecimiento de los circuitos locales de protección. Asimismo, se desarrollaron acciones de promoción y difusión de derechos en instituciones educativas y espacios comunitarios, abordando temáticas vinculadas a derechos de niños, niñas y adolescentes, convivencia escolar y prevención de violencias.
En las distintas circunscripciones — Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Esquel — se sostuvieron intervenciones territoriales articuladas con organismos estatales y actores comunitarios, contribuyendo al fortalecimiento de los sistemas locales de protección de derechos.
6.3. SISTEMA PENAL JUVENIL
Durante el año 2025, el Servicio Social desarrolló intervenciones específicas en el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, mediante evaluaciones sociales integrales orientadas a contextualizar las trayectorias vitales de las y los adolescentes involucrados en procesos penales, considerando sus condiciones sociofamiliares, educativas y comunitarias.
Se sostuvieron intervenciones en dispositivos de alojamiento y monitoreo institucional, así como instancias de articulación interinstitucional orientadas a fortalecer estrategias de inclusión social, educativa y laboral. Asimismo, se participó en espacios de intercambio técnico a nivel provincial y federal vinculados a los desafíos actuales del sistema penal juvenil.
6.4. PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y EJECUCIÓN PENAL
Se desarrollaron además intervenciones orientadas al acompañamiento social de personas privadas de libertad, mediante relevamientos sociales integrales y articulación con organismos estatales, instituciones educativas y actores comunitarios, promoviendo el acceso a derechos en contextos de encierro.
En este marco, se sostuvieron acciones orientadas a fortalecer trayectorias educativas y formativas, reconociéndolas como un derecho y como un factor clave en los procesos de reinserción social. Asimismo, se participó en instancias interdisciplinarias vinculadas a procesos de juicios por jurado, aportando evaluaciones sociales en situaciones que involucraban a personas en situación de vulnerabilidad.
6.5. GÉNERO Y DIVERSIDAD
Durante el período informado, el Servicio Social desarrolló intervenciones vinculadas a la perspectiva de género y diversidades, tanto a partir de requerimientos en el marco de procesos judiciales como mediante la participación en entrevistas interdisciplinarias junto a otras áreas de la Defensa Pública y en espacios intersectoriales y comunitarios, contribuyendo al abordaje integral de situaciones de violencia y discriminación por motivos de género desde un enfoque de derechos.
En este marco, se sostuvieron instancias de capacitación técnica orientadas a fortalecer herramientas conceptuales y metodológicas para la intervención profesional en situaciones de violencia y discriminación por razones de género, contribuyendo a la actualización permanente de los equipos y al fortalecimiento de las estrategias institucionales de abordaje.
Asimismo, el Servicio Social participó en espacios interinstitucionales vinculados a la prevención y abordaje de violencias, así como en acciones de sensibilización y visibilización de derechos en articulación con organismos estatales y actores comunitarios, promoviendo el fortalecimiento del trabajo en red y de las políticas públicas orientadas a la protección de derechos.,
6.6. DISCAPACIDAD Y SALUD MENTAL
Durante el año 2025, el Servicio Social intervino en situaciones vinculadas a discapacidad y salud mental, a partir de requerimientos formulados por las Asesorías de Familia, la Defensa Civil y otros organismos del sistema judicial. Las intervenciones incluyeron abordajes orientados a la designación de figuras de apoyo, priorizando alternativas extrajudiciales y el respeto por la autonomía y los derechos de las personas, así como articulaciones con organismos de salud, áreas de discapacidad y espacios intersectoriales orientados a garantizar el acceso a prestaciones y dispositivos de acompañamiento adecuados.
En relación al fortalecimiento técnico profesional, se sostuvieron instancias de capacitación orientadas a profundizar el abordaje desde el modelo social de la discapacidad y a fortalecer herramientas diagnósticas aplicables a la intervención profesional, en el marco de los procesos de actualización permanente de los equipos técnicos.
En el ámbito de la salud mental, el Servicio Social participó en espacios intersectoriales, mesas de trabajo y ámbitos de coordinación institucional vinculados a educación inclusiva, prevención y abordaje de problemáticas de salud mental y construcción de estrategias de intervención integral, en articulación con organismos estatales, dispositivos especializados y actores comunitarios.
6.7. PERSONAS MAYORES
El Servicio Social desarrolló intervenciones orientadas a la protección de derechos de personas mayores, mediante articulación con la Asesoría de Familia, Defensorías Civiles y organismos estatales y comunitarios.
Las actuaciones se centraron en el abordaje de situaciones de vulnerabilidad social, redes de apoyo familiar y comunitario y condiciones materiales de vida, promoviendo estrategias interinstitucionales orientadas a garantizar respuestas oportunas y adecuadas, que independencia y participación activa de las personas mayores.
6.8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN
Durante el año 2025 se promovieron acciones orientadas al fortalecimiento del funcionamiento de las Oficinas del Servicio Social en las distintas circunscripciones, mediante instancias de formación, supervisión profesional e intercambio técnico entre equipos.
Estas acciones se orientaron a fortalecer criterios comunes de intervención, promover la actualización conceptual permanente y consolidar estándares de calidad en el abordaje social dentro del Ministerio de la Defensa Pública.
6.9. INFORMACIÓN CUANTITATIVA
Durante el año 2025 se registró un volumen significativo de intervenciones en las distintas circunscripciones, lo que da cuenta de la demanda sostenida del Servicio Social en el marco de las funciones institucionales del Ministerio de la Defensa Pública.
En la circunscripción Trelew se contabilizaron 1.056 solicitudes, concentradas principalmente en Asesoría de Familia (440) y Defensoría Civil (320), seguidas por intervenciones vinculadas a la Oficina de Asistencia a Personas Privadas de Libertad (160), fuero Penal (132), beneficios de Litigar sin Gastos (28), Defensoría Federal (11) y Jefatura de Circunscripción (4).
En Puerto Madryn se registraron 457 solicitudes, de las cuales el 39,2 % correspondió al área Civil y de Familia, el 32 % al fuero Penal y el 25,4 % a beneficios de Litigar sin Gastos. Asimismo, se registraron 17 solicitudes provenientes de la Defensoría Federal, distribuidas entre los fueros Civil y Penal según correspondiera.
En Rawson se atendieron principalmente intervenciones de la Defensa Civil (132), seguidas por Defensa Penal (18), Oficina de Asistencia a Personas Privadas de Libertad (14), Asesoría de Familia (14), beneficios de Litigar sin Gastos (12) y Defensoría Federal (5).
En Sarmiento, la mayor demanda se concentró en Asesoría de Familia (44), junto con la Defensoría Civil (18), Defensa Penal (12) y Defensoría Federal (2). Asimismo, se registraron 8 intervenciones vinculadas a actividades de inserción comunitaria y promoción de derechos.
En Esquel se registraron 62 intervenciones en la Defensoría Civil y 83 en la Defensoría Penal, de las cuales 3 correspondieron a la Defensoría Federal.
Finalmente, en Comodoro Rivadavia se realizaron 952 intervenciones, de las cuales 471 correspondieron al Área Civil —incluyendo Asesoría de Familia y Juzgado Federal— y 481 al Área Penal, comprendiendo también los abordajes efectuados por la Oficina de Asistencia a Personas Privadas de Libertad.
En relación con beneficios de Litigar sin Gastos, se elaboraron 20 informes. Asimismo, se realizaron 16 informes solicitados por la Defensoría Federal, conforme al Primer Convenio Específico suscripto entre el Ministerio de la Defensa Pública de la Nación y el Ministerio de la Defensa Pública del Chubut.
7. ÓRGANO DE REVISIÓN LOCAL DE SALUD MENTAL
En el marco de las funciones asignadas al Ministerio de la Defensa Pública, el Órgano de Revisión Local de Salud Mental de la Provincia del Chubut (ORL) desarrolló durante el año 2025 acciones orientadas al control, monitoreo y promoción de los derechos humanos de las personas usuarias del sistema de salud mental, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley Provincial I N° 384.
El ORL constituye un mecanismo institucional de supervisión de la legalidad de las internaciones, monitoreo de dispositivos de atención y participación en expedientes judiciales y administrativos vinculados a la materia. Durante el período 2025, su accionar se desarrolló en un contexto de continuidad y consolidación institucional, correspondiente al segundo período de funcionamiento del organismo.
7.1. EJES PRINCIPALES DE INTERVENCIÓN
El eje central de las actividades realizadas durante el año 2025 estuvo dado por el control de la legalidad de las internaciones en salud mental, a través de la intervención en expedientes judiciales y actuaciones administrativas en las distintas jurisdicciones de la provincia.
En comparación con el año anterior, se registró un incremento moderado en el número de expedientes de control de internaciones involuntarias, lo que refleja una demanda sostenida del sistema y la necesidad de sostener instancias permanentes de supervisión, seguimiento y revisión de las medidas adoptadas.
Las intervenciones efectuadas permitieron verificar, en términos generales, el cumplimiento de los plazos legales previstos por la normativa vigente, observándose que la mayoría de las internaciones involuntarias no alcanzaron el plazo máximo establecido por la ley, ya sea por cese de la medida, reconversión a internación voluntaria o externación.
No obstante, en algunos casos puntuales se identificaron dificultades para concretar la externación, principalmente vinculadas a la insuficiencia de dispositivos comunitarios y habitacionales adecuados, situación que continúa representando un desafío estructural para el sistema de salud mental provincial.
7.2. FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL
Desde el punto de vista institucional, el Órgano de Revisión sostuvo un funcionamiento regular y continuo, materializado en la realización de reuniones plenarias ordinarias y en la convocatoria a un Plenario Intersectorial, en consonancia con los lineamientos del Plan de Acción correspondiente al período marzo 2025 – febrero 2026.
Estos espacios permitieron fortalecer la articulación interinstitucional, el intercambio de diagnósticos y la construcción de criterios compartidos para la intervención en situaciones complejas, consolidando el trabajo conjunto entre el sistema de salud, el Poder Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública y otros organismos con competencia en la materia.
7.3. ACCIONES DE MONITOREO Y RECORRIDOS INSTITUCIONALES
Durante el año 2025 se desarrollaron acciones de monitoreo y recorridos institucionales en diversos dispositivos de atención, incluyendo salas de internación de hospitales generales, viviendas asistidas, residencias para personas mayores y dispositivos vinculados a la discapacidad.
Estas actividades se realizaron de manera articulada con distintas áreas del Ministerio de la Defensa Pública y con organismos provinciales, favoreciendo una mirada integral de las condiciones de atención, cuidado y acompañamiento de las personas usuarias del sistema de salud mental.
7.4. PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS
En el marco de sus funciones, el ORL llevó adelante acciones de prevención, promoción y difusión de derechos, participando en mesas intersectoriales, jornadas comunitarias y espacios de sensibilización, con especial énfasis en la perspectiva de derechos humanos, el enfoque de género y los abordajes comunitarios.
Estas instancias contribuyeron a fortalecer el vínculo con la comunidad y con los actores locales, promoviendo la salud mental como una responsabilidad compartida y favoreciendo prácticas de cuidado más inclusivas.
7.5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
En el marco de las funciones asignadas por la normativa vigente, y como parte del proceso de análisis desarrollado durante el año 2025, el Órgano de Revisión formuló recomendaciones técnicas dirigidas a la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Salud), orientadas a acompañar el fortalecimiento progresivo del sistema de salud mental provincial.
Dichas recomendaciones se inscriben en una lógica de trabajo articulado y mejora continua, vinculándose con el fortalecimiento de los dispositivos comunitarios, el acompañamiento de los procesos de externación, el sostenimiento de equipos interdisciplinarios y la consolidación de instancias de articulación intersectorial, en consonancia con el modelo de atención previsto por la normativa vigente.
7.6. SÍNTESIS DEL PERÍODO
En conjunto, las actividades desarrolladas durante el período analizado reflejan la continuidad y consolidación del trabajo del Órgano de Revisión Local de Salud Mental como dispositivo institucional de control y promoción de derechos, en un marco de articulación intersectorial y de fortalecimiento gradual del modelo de atención en salud mental de base comunitaria en la provincia del Chubut.
