La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut aclara que la decisión del SITRAJUCH de no aceptar el teletrabajo, no incluye a la magistratura y al funcionariado judicial, que desde el inicio del Aislamiento Social Obligatorio atiende las situaciones de urgencia de todos los fueros, utilizando para ello las herramientas tecnológicas que se encuentran al alcance, trabajando, en la medida de lo posible, desde sus casas.
Coincidimos con el reclamo salarial que lleva adelante el Sindicato, toda vez que a la fecha -13 de abril de 2020- el gobierno de Chubut no ha pagado a la mayoría de los empleados estatales el tercer y cuarto rango del sueldo del mes febrero y debe la totalidad del mes de marzo.
Sin embargo no debemos soslayar que integramos un Poder del Estado, que prestamos un servicio esencial a la comunidad y que existen situaciones o conflictos que afectan a los justiciables que merecen resoluciones judiciales inmediatas que no pueden ser aplazadas, para lo cual es necesario convocar a trabajar a todos los estamentos, siendo el teletrabajo la herramienta más eficaz para garantizar el Servicio de Justicia y cumplir con el Aislamiento Social Obligatorio.
Consideramos que quienes integramos el Poder Judicial, no podemos ser ajenos a los esfuerzos económicos que realiza la totalidad de la ciudadanía para enfrentar la pandemia del Coronavirus, en especial de quienes habitan nuestra provincia, en donde la crisis sanitaria agudizó la grave crisis económica y financiera, instalada desde hace dos años y sin que desde entonces el gobierno provincial
haya adoptado medidas superadoras del déficit financiero y del aumento descontrolado del gasto público.
Expresamos nuestra profunda preocupación por la dramática situación que enfrentarán los Tribunales cuando tenga fin la paralización de la economía por la crisis pandémica, que deberán atender el aluvión de juicios que se iniciarán como parte de las indeseadas consecuencias que se derivarán de la crisis sanitaria del coronavirus.
En este sentido trabajamos en propuestas tendientes a optimizar al máximo los recursos humanos y materiales con los que se cuentan hoy en día en los Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial, sin que esa mayor eficacia en la gestión organizativa implique en modo alguno un menoscabo de derechos y garantía de los ciudadanos.
Instamos al Poder Ejecutivo Provincial a trabajar coordinadamente con los otros Poderes del Estado y con todos los operadores judiciales en un plan específico diseñado para mitigar los perjuicios de la suspensión de las actividades en el ámbito judicial y afrontar la previsible demanda que se producirá al momento de reanudarse la actividad y exhortamos, una vez más, a regularizar el pago de los salarios atrasados, informando a la brevedad las correspondientes fechas de pago, llevando certidumbre a cada uno de los trabajadores.
