Sobre la Reforma Penal en Chubut, del 2006
Por Adrián Eduardo Duplatt: Licenciado en Comunicación Social. Magíster en periodismo y sociedades de la información. Docente e investigador universitario. Escritor. Trabaja en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
“La sanción de un nuevo Código Procesal Penal llegó cuando el Poder Legislativo siguió las pautas señaladas por el Ejecutivo en su discurso en la legislatura. Luego de varios años de solicitarlo en el mismo recinto, el Poder Judicial obtuvo la herramienta jurídica que deseaba. Los medios, entretanto, fueron un participante más de esta urdimbre de poderes”.
El Superior Tribunal de Justicia
El art. 181 de la Constitución de la provincia del Chubut indica que el presidente del Superior Tribunal de justicia debe realizar en la Legislatura un informe anual del estado del Poder Judicial. La presidencia es rotativa por lo que cada año un ministro diferente efectúa ese discurso.
En 2003, Fernando Salvador Luis Royer realizó un resumen de las circunstancias extraordinarias que vivía el país, que no era ajeno a su contexto mundial. Les recordó a los diputados el “compromiso de la Honorable Legislatura” al crear la Comisión de Estudios de los Nuevos Procedimientos, procedimientos que proveerían nuevas herramientas a la justicia para cumplir su tarea. Remarcó que la comunidad los observa, comunidad que se encontraba sumida en el desasosiego y la angustia.
En 2004, excepcionalmente, Royer repitió su turno en el informe anual ante la Legislatura. Se explayó sobre los tiempos de dignidad y esperanza que se vivían. Explicó que el país remontaba la peor crisis de su historia y el pueblo y el gobierno observaban índices delictivos intolerables. Pero -aclaró-, el rendimiento del Poder Judicial no dependía enteramente de sí mismo. Las leyes confusas, enredadas e inconstitucionales complicaban la tarea del juez.
En 2005, José Luis Pasutti habló de una fundada sensación de inseguridad. Remarcó que los jueces actuaban sobre hechos consumados y que parte de los problemas de inseguridad provenían de las políticas que sumían en la marginación a grandes sectores de la sociedad. Y recordó que los diputados todavía no sancionaban las leyes necesarias, oportunamente solicitadas.
En 2006, Daniel Luis Caneo expresó que no estaban conformes con el funcionamiento del fuero penal y que se encontraban en una situación grave. Reconoció que la crisis de seguridad era un problema acuciante en esos tiempos y que, por su naturaleza, involucraba a todos los sectores del Estado. Por ello, dijo:
… debo solicitar a esta Honorable Legislatura que disponga lo necesario para que el actual estado de situación sea revertido… es urgente disponer cuanto antes de una legislación Procesal Penal que prevea los dispositivos de un ajuste ineludible a fin de paliar la presente situación… Hemos llegado a un punto en el que es indispensable avanzar sin demoras porque no es posible continuar sin óptimas y definidas reglas jurídicas para nuestra provincia… Por esa razón es que necesitamos un Código Procesal Penal que exprese lo mejor de las intenciones del conjunto, capaz de proyectar claridad a fin de dotar al Sistema Judicial de la eficacia que se le reclama…
Para descargar el artículo completo ingrese aquí
