Cómo se diseña una política de Información Judicial
Por Kevin Lehmann: Sociólogo (Univ. Complutense, Madrid). Licenciado en Ciencias Políticas (Univ. Complutense, Madrid).
Master en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones (Universidad Austral). Posgraduado en Opinión Pública y Medios de Comunicación (FLACSO-INAP). Posgraduado en Control y Gestión de Políticas Públicas (FLACSO-INAP). Profesor Titular de Poder y Medios de Comunicación, (Universidad del Salvador). Profesor adjunto de Sociología (UBA). Profesor adjunto de Introducción a las RR.II. (Universidad del Salvador). Fue Director de la Agencia de Noticias TELAM y Vocero de la Federación Argentina de la Magistratura. Es Consultor del BID y del Banco Mundial.
Voy a organizar esta breve reflexión a partir de dos ejes: los desafíos del Poder Judicial frente a los cambios y cómo se desarrolla una política de información judicial .
Empecemos por identificar cuáles de los cambios que están produciéndose en la sociedad, desafían al Poder Judicial. Me referiré exclusivamente a las cuestiones vinculadas con la imagen institucional y la comunicación del Poder Judicial, sin ingresar en el análisis de otras reformas estructurales que exceden mi ámbito profesional.
Todas las instituciones tradicionales se encuentran confrontadas con el proceso de democratización o hiperdemocratización funcional, que emerge con el escenario público mediático actual.
La estructura mediática -la producción, circulación y consumo de información- y la estructura tecnológica –que, entre otras cosas, determina a la mediática- evolucionan a un ritmo que no pueden seguir las instituciones (ver, como ejemplo, el ciclo de obsolescencia de los productos informáticos).
El hecho de que aumente la densidad y el uso de la estructura de medios permite que personas, grupos, movimientos sociales y organizaciones puedan utilizarla para imponer, gestionar y hacer más eficaces sus reclamos, pedidos y presiones sobre la estructura del Estado. Por razones que veremos más adelante, el Poder Judicial se encuentra especialmente afectado por esta realidad.
A esto debe añadírsele la transformación definitiva del principio de autoridad y la instalación de la “duda institucionalizada” que recorren todas las relaciones que se ordenaban a partir de jerarquías “automáticas”, desde el aula a la familia, pasando por todo lo instituido tradicionalmente.
Frente a esto, se reclama a la justicia que se adapte, que se acerque a los ciudadanos, que cambie. Esto abre una segunda pregunta, que considero ineludible ¿qué debe cambiar y qué debe conservar la justicia? Y me apresuro a tomar posición: no debe cambiar todo ni solamente lo que se le reclama. No debe reaccionar, sino definir un futuro institucional y una estrategia para alcanzarlo: la comunicación es un instrumento al servicio de esa estrategia.
En principio la Justicia es y debe ser compleja. No puede allanarse al sentido común (forzando la interpretación de las pruebas, desconociendo matices, etc.); no puede utilizar un lenguaje que no sea denotativo (puede ser menos barroco pero no menos preciso); no puede saltarse etapas procesales para hacer más ágil el trámite; no puede violentar garantías, aún asumiendo que alguna de las partes pueda utilizarlas como estrategia para demorar o dificultar la evolución de una causa, etc. Esto dificulta su relación con la sociedad y, en particular, con los medios de prensa.
En síntesis, la Justicia no puede negociar los contenidos institucionales del Poder Judicial.
Las demandas sociales, por definición, son sectoriales, coyunturales y cambiantes. Es tan inadecuado desconocerlas como tomarlas literalmente: ahí están las leyes Blumberg para recordárnoslo.
Complejo no es opaco. Aquí ingresa el segundo punto del recorrido que nos proponen: cómo se desarrolla una política de información judicial.
Me gusta cómo está planteado: una política. Esa enunciación enmarca, a mi juicio adecuadamente, la cuestión. Una política implica unos objetivos, un punto de llegada deseado; no solamente una situación que debe ser resuelta. Muy distinto sería plantearse “cómo mejorar su relación con el periodismo”, “como facilitar el acceso a la información por parte de los ciudadanos”. Esos son objetivos subalternos, no en importancia, sino en su contenido estratégico: una política de comunicación judicial implica mejorar la relación con el periodismo y facilitar el acceso a la información…pero es mucho más que eso.
Cuáles son, o deberían ser en mi opinión, los objetivos de esa política: a) fortalecer -en términos de legitimidad- la palabra de la justicia, es decir su imagen, su credibilidad y, por lo tanto, su capacidad de influir en la esfera pública; y b) conseguir que el mensaje institucional llegue y sea entendido, sin excesivas distorsiones, por los ciudadanos .
Para avanzar en ese sentido se parte de dos supuestos: que existe un mensaje institucional razonablemente unificado y que el Poder Judicial cuenta con la convicción y los consensos necesarios para sostener esa política. Creo que aquí conviene detenerse.
Los cambios en la sociedad, obligan a la justicia a hacerse preguntas dónde antes tenía certezas. Dos preguntas engañosamente simples: ¿qué debe ser el
Poder Judicial? y ¿cuál es su relación con la Justicia?
La respuesta a estas preguntas -arriesgué una opinión en otro lugar – marcan el futuro institucional y el alcance de la respuesta a las expectativas ciudadanas. Desde ahí se parte -entre otras cosas- para establecer una política comunicacional. Pero para llegar a ese punto deben lograrse consensos en torno a la visión respecto de ambos temas y esa es, sin dudas, la principal dificultad. Los integrantes del Poder Judicial no están de acuerdo ni en qué son, ni en qué quieren ser, ni qué tipo de relación deben tener con el resto de la sociedad.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al menos en mi opinión, ha tomado como propósito unificar al Poder Judicial a partir de una nueva definición de su rol como Poder del Estado y una mirada distinta de sus obligaciones frente a la sociedad. Una batalla casa por casa. Sin esos cimientos, insisto, no hay política sustentable.
A fines de cumplir con lo prometido, volvamos a donde nos detuvimos e intentemos unir los nuevos desafíos de la sociedad con los desafíos de la comunicación.
Si el escenario público actual se caracteriza por la presencia de numerosos actores que defienden sus intereses a través de los medios, ponen en circulación su interpretación de los hechos y reclaman resultados al Poder Judicial desde su mirada respecto de lo justo, lo adecuado y lo legítimo, debemos preguntarnos: ¿alcanza con facilitar el acceso de la prensa a los expedientes? ¿el problema de la justicia es que el periodismo no entiende, no sabe o no quiere contar “las cosas como son”?
Estoy convencido de que justicia no puede ni debe ser solamente un proveedor de materia prima informativa en crudo, para que sea tratada por la prensa y los demás actores de la escena pública. Defender el derecho amplio de acceso a la información no significa ni resignar la posibilidad de discutir la interpretación pública de esa información, ni que eso deba hacerse de manera reactiva, después de que ha sido publicada. Hacerlo implicaría subordinarse a la lógica y los intereses (legítimos) del periodismo. Pero eso no mejora la comunicación ni, mucho menos, la imagen de la justicia.
De lo que se deriva que no se trata -solamente- de facilitar el acceso a la información (para lo que bastaría con mostrar el expediente y aclarar las cuestiones técnicas) sino de proteger la calidad de esa información: determinar que elementos relevantes no deben quedar fuera de una nota, qué canales periodísticos asegurarán la transferencia de esa información, de qué manera se garantizan los máximos niveles de control posible respecto de los efectos deseados con esa información, en qué contexto será publicada, etc.
Habiendo dicho lo que no hay que hacer, propongamos cómo se hace. Si el escenario público es de escepticismo (“duda institucionalizada”) y confrontación de versiones, interpretaciones e intereses, la estrategia comunicacional debe estructurarse teniendo en cuenta que:
1) Una política comunicacional empieza en la cabeza de los ciudadanos. Los paradigmas que los rigen, sus expectativas, la información con la que cuentan.
2) El desafío de comunicar es lograr que la verdad llegue como verdad (es decir que mi mensaje, mi versión, sea aceptada).
Dos cosas: que llegue; y que llegue como verdad.
i) Que llegue: si no hay expectativa -interés por saber- no hay comunicación. Si no se es capaz de colocar el mensaje en el área de interés del ciudadano distraído, ocupado, lego en temas jurídicos, y preocupado por otras cosas, no se comunicó. En el caso de que el mensaje esté dirigido a un público específico, varían las características del receptor, no la condición de que si no escucha la comunicación no existe.
ii) Que llegue como verdad: quien comunica debe ser creíble y el mensaje debe tener elementos que lo conviertan en verosímil.
Los tres elementos señalados – la gestión de las expectativas ciudadanas, la imagen del comunicador y los elementos de acreditación del mensaje – son exteriores a, por ejemplo, el contenido de las sentencias. No pertenecen a la esfera técnica del Derecho; tampoco, en sentido estricto, a la del periodismo. Se tramitan en el espacio público, con reglas propias que demandan un abordaje técnico, un saber, específico.
3) No existe la neutralidad comunicacional. El contenido de una sentencia es susceptible de todo tipo de interpretaciones, contextualizaciones arbitrarias, etc.
4) La justicia opera sobre los hechos; sus responsables de comunicación, sobre las interpretaciones.
5) Los esfuerzos para mejorar la comunicación del Poder Judicial con los ciudadanos no tiene como punto de llegada mejorar la imagen de la justicia, sino que exista más Justicia.
Propuestas de acción
1) Crear dispositivos de comunicación suficientes y jerarquizados en el Poder Judicial.
2) Trabajar activamente en la formación de magistrados y funcionarios en el manejo de la comunicación, el funcionamiento del espacio público y el rol institucional.
3) Construir canales efectivos de acceso a la información por parte de ciudadanos, medios de comunicación, y organizaciones de la sociedad civil (páginas web, publicación en Internet, reformulación de las mesas de entrada, líneas gratuitas, etc.).
4) Establecer circuitos adecuados de comunicación interna del Poder Judicial
5) Diseñar ofertas de especialización en Comunicación Judicial.
Nada hay de original en el núcleo de estas propuestas. Tal vez, en los matices. Suficientes y jerarquizados significa: incorporados formalmente a las estructuras (nada de “el chico de prensa” que tiene una oficinita en el fondo y está bajo contrato precario y mal remunerado) y cuidadosamente seleccionados (no alcanza con un periodista que hace gacetillas, habla con los medios y ayuda a redactar algún escrito, cuando hace falta).
Capacitar a los magistrados y funcionarios es dotarlos de herramientas para que puedan evaluar las consecuencias públicas de sus actos jurisdiccionales para adoptar o desechar las estrategias sugeridas por los encargados de la comunicación. No se trata de que los jueces deban ser expertos en comunicación, ni que se dediquen a salir en los medios, si no tienen vocación de hacerlo.
Las ofertas de especialización no deberían estar restringidas a las carreras de Comunicación. Es un sesgo restrictivo, en un momento en el que es imprescindible incorporar visiones distintas, originales y diría, heterodoxas, acerca de cómo debe pensarse la Comunicación Judicial.
