La defensa del detenido pidió la suspensión del juicio a prueba y fue rechazada.
La jueza penal Mirta del Valle Moreno rechazó un pedido de suspensión de juicio a prueba elevado por la defensa de un hombre acusado de cometer un hurto mediante la utilización de un sistema inhibidor y elevó a juicio el caso.
Entre otros puntos, la magistrada consideró insignificante el monto de dinero que ofreció el acusado a la víctima como reparación por el daño ocasionado.
Petición de probation y propuesta
Las defensoras públicas Romina Rowlands y Ángeles Nápoli, en representación de Bruno Alarcón, plantearon como cuestión previa al inicio del debate oral y público la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año y seis meses. En ese contexto propusieron que el imputado realizase cien horas de tareas comunitarias en el plazo de cinco meses y una reparación a la víctima por la suma de $10.000, ello conforme a las posibilidades económicas del imputado. Además, entre las pautas a cumplir, agregaron la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto hacía la víctima por el plazo de la suspensión de juicio a prueba y lo que fiscalía y la querella estimen agregar.
Suma millonaria
A su turno, la fiscal general Griselda Encina describió el hecho en el cual se encuentra imputado Bruno Miqueas Alarcón, a quien se acusa de haber utilizado inhibidor de alarmas y cerrojo para sustraer del interior de un vehículo una bolsa en cuyo interior había una suma de dinero estimada en $1.200.000 de un vehículo estacionado.
La fiscal informó que a partir de las pericias practicadas en las cámaras de seguridad de la zona pudo verse a Alarcón corriendo con una bolsa blanca en sus manos subiéndose a un vehículo y huyendo del lugar. Practicado el allanamiento en el domicilio del acusado se encontró el equipo de comunicación utilizado para el delito y además el auto usado para la huida.
Respecto de la petición de la defensa para que Alarcón acceda al beneficio de la probation, dejó en claro que, si bien pueden existir los requisitos legales para ello, el instituto solicitado tiene como fin brindar al imputado la oportunidad de reparar el daño causado, pero en esta circunstancia se sustrajo dinero por un monto millonario y dadas las pautas de resarcimiento propuestas por la defensa, no se ve un esfuerzo por parte de Alarcón a los fines reparatorios y además resaltó la importancia de escuchar a la víctima que en este caso se constituyó como querellante. Finalmente, y en ese sentido no dio su consentimiento para que se otorgue el beneficio.
A su turno las abogadas querellantes que representan a la víctima, Gladys Olavarría y Paula Farías, también acompañaron el planteo del MPF. Asimismo, recordaron que su representado manifestó la voluntad de oponerse a cualquier tipo de salida alternativa dejando solamente la posibilidad de considerar la aplicación de un juicio abreviado.
Indignación de la víctima
El relato del damnificado se centró en una fuerte crítica por la falta de consecuencias que, a su criterio, deberían soportar los autores de delitos como el que sufrió. Contó que la suma de dinero era producto de muchos años de ahorro y que la iba a utilizar para una operación inmobiliaria en ese momento y que de no hacerla corría el riesgo de que se frustre. Agregó que por ello tuvo que recurrir a un crédito bancario con el lógico costo adicional. Más allá del perjuicio económico y recalcó el daño emocional que aún le perdura y por el que tuvo que requerir asistencia profesional. Por último, remarcó la permanente sensación de desprotección por parte del estado y respecto de la propuesta, la consideró irrisoria.
Rechazo al planteo
Tras escuchar a las partes la jueza penal Mirta Moreno dio un variado y extenso fundamento para rechazar el pedido de la suspensión del juicio a prueba. La magistrada no encontró razonable el ofrecimiento de reparación del daño efectuado e indicó que la suma de dinero ofrecida por el imputado resulta insignificante y no constituyen una reparación que coloque como figura central la compensación a la víctima por el daño causado.
Aseguró también que no se evidencia en la propuesta una intención de armonizar el conflicto, ya que existe una desproporción entre el daño causado que señala la acusación fiscal y la oferta realizada por la defensa técnica en nombre de Alarcón.
INFORMA: Agencia de Comunicación Judicial / Superior Tribunal de Justicia
