En la apertura del debate la fiscalía formuló la acusación por más de 30 hechos. Hay ocho imputados, de los cuales siete son exfuncionarios del gobierno provincial. El tribunal resolvió que no habrá transmisión de la etapa de testimoniales.
Se inició esta mañana en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Rawson el juicio oral y público por la causa conocida como “Revelación”, una investigación penal sobre presuntas maniobras de corrupción que involucran a exfuncionarios provinciales y empresarios del rubro de la construcción.
Con ocho personas imputadas y más de 290 testigos en el listado preliminar, el debate se inició a media mañana de este miércoles con la lectura de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal.
El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales. La causa llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.
En total la causa tiene ocho imputados, entre los que se cuentan los exfuncionarios provinciales Víctor Hugo Cisterna, Diego Miguel Correa, Gonzalo Carpintero Paterson, Pablo Alejandro Oca, Diego Correa, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; además del empresario Martín Castillo.
Durante la primera etapa de la jornada de apertura, los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez formularon la acusación contra los imputados, totalizando más de 30 hechos sobre los cuales se responsabiliza de manera individual o grupal a los distintos imputados, en grado de autores, coautores o partícipes, depende cada caso.
En su acusación, Nápoli habló del diseño de un plan criminal, definido por la cohesión y el trabajo de una asociación ilícita entre el exgobernador Mario Das Neves y funcionarios de la administración provincial que asumieron en el año 2015, entre los que se encontraban los imputados Víctor Hugo Cisterna, Gonzalo Carpintero Paterson, Diego Correa y Alejandro Pagani, “rediseñándose la operatoria inicial tras la salida de Cisterna” del gobierno, con las incorporaciones al gabinete de los también acusados Juan Martín Bortagaray y Pablo Oca.
Según la fiscalía esa organización se extendió hasta el fallecimiento de Das Neves durante el año 2017 e involucró a otros funcionarios de menor rango, como el caso de Diego Lüters. En su exposición, tanto Nápoli como Núñez hicieron un pormenorizado detalle de la operatoria de la presunta asociación ilícita, como así también plantearon cada uno de los más de 30 hechos que se imputan en particular a los distintos imputados. “Todas y cada una de las acciones descriptas fueron individual y colectivamente antijurídicas” expresó Nápoli, y aseguró que “nada fue dejado al azar”, dando cuenta de un documento conocido como “circular” en el cual quedaba expresado como se iba a proceder con la adjudicación de la obra pública, el pago de las deudas a las constructoras y los presuntos retornos o coimas para acreditar los pagos.
En ese contexto brindaron un pormenorizado detalle de la situación patrimonial de algunos de los involucrados en la causa, en los años previos y durante el tiempo en el cual se habrían cometido dichos ilícitos. Los fiscales también informaron sobre las calificaciones legales escogidas en cada acusación particular.
Las querellas constituidas en la causa – en este caso la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción – adhirieron en todos sus términos a la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, tras lo cual se pasó a un cuarto intermedio hasta el día de mañana.
Calificación legal
Fiscalía adelantó que a lo largo del juicio intentará demostrar la participación de los imputados en distintos delitos. Al imputado Víctor Hugo Cisterna se lo acusa como organizador de asociación ilícita, en concurso real con exanciones ilegales en modalidad de delito continuado; en tanto que a Diego Miguel Correa se lo acusa como organizador de asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo en modalidad de delito continuado. En el caso de Gonzalo Carpintero se le imputa por cuatro cargos, definidos como organizador de asociación ilícita en concurso real con enriquecimiento ilícito y dos hechos de omisión maliciosa de información.
En el caso de Pablo Oca, también se lo acusa de organizar la asociación ilícita, en concurso real con cohecho pasivo bajo modalidad de delito continuado, la misma figura elegida para el caso de Alejandro Pagani.
A Juan Martín Bortagaray la acusación le llegó como miembro de asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo en modalidad de delito continuado, mientras que a Diego Lüters solo se lo ha acusado como miembro de asociación ilícita. Finalmente, el empresario Martín Castillo fue acusado como autor de cohecho activo.
Sin transmisión de los testimonios
El tribunal del juicio resolvió, con acuerdo de las partes, que la etapa de declaraciones testimoniales del presente juicio no podrá ser transmitida en simultáneo a través de plataformas de internet, en función de lo estipulado por el artículo 323 del Código Procesal Penal de Chubut.
El mismo expresa “antes de declarar, los testigos no se comunicarán entre sí ni con otras personas, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencia”.
INFORMA: Agencia de Comunicación Judicial / Superior Tribunal de Justicia
