El tribunal escuchó los alegados de cesura de pena y dará a conocer la sentencia integral de la causa el próximo lunes 10 de mayo.
Para Cisterna, Correa, Pagani, Bortagaray, Oca, Lüters y Carpintero Paterson, además de la condena de efectivo cumplimiento, solicitaron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El tribunal integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales clausuró esta tarde la instancia de debate en la denominada Causa Revelación y tras la deliberación, dará a conocer la sentencia integral de la causa -incluidas las condenas a aplicar a los ocho imputados – el lunes 10 de mayo de 2021 al mediodía.
Durante este viernes se realizó la audiencia de cesura de pena, en la cual el fiscal Marcos Napoli solicitó penas de hasta 7 años y medio de prisión para algunos de los condenados y en el caso de los exfuncionarios provinciales, Víctor Cisterna, Diego Correa, Alejandro Pagani, Juan Martín Bortagaray, Pablo Oca, Diego Lüters y Gonzalo Carpintero Paterson ,también requirió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Se trata de una investigación referida a maniobras de corrupción que involucran a exfuncionarios provinciales durante el último gobierno de Mario Das Neves y empresarios del rubro de la construcción en un lapso de poco más de dos años, a partir de diciembre del año 2015.
La causa llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.
Testimonios y pedidos de pena
La audiencia se inició con el testimonio de personas que dieron cuenta sobre cuestiones personales relacionadas a los condenados Pablo Oca, Juan Martín Bortagaray y Alejandro Pagani.
Tras la ronda de testimoniales, el fiscal Nápoli inició el alegato en cuyo marco se elevaron al tribunal los pedidos de pena para los ocho condenados.
En el caso del exministro coordinador de gabinete,Víctor Cisterna, quien fue declarado penalmente responsable por los delitos de organizador de asociación Ilícita en calidad de autor, en concurso real con exacciones Ilegales -un hecho- en carácter de autor, se pidió una pena de 7 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y las costas del proceso.
En el caso de Diego Miguel Correa, Nápoli indicó que si bien no cuenta con antecedentes condenatorios por no estar firme aun el fallo de la causa Embrujo, pero sostuvo que no puede dejar de tener en cuenta que el exfuncionario le fue aplicada en primera instancia una pena de 10 años en ese expediente y que además se encuentra vinculado a una causa en trámite – “Emergencia Climática” -y está imputado en una cuarta investigación judicial.
En ese marco solicitó una pena de 5 años y 6 meses de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargo público y el pago de costas como autor penalmente responsable de organizar una asociación Ilícita en calidad de autor, en concurso real con exacciones ilegales en carácter de autor -dos hechos-, en concurso real con cohecho pasivo en calidad de autor bajo modalidad de delito continuado (16 hechos).
La fiscalía solicitó una pena de 4 años y 10 meses de prisión para el Ingeniero Alejandro Pagani y una pena de 4 años y 8 meses de prisión para Juan Martín Bortagaray. En ambos caso se requirió también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y las costas del proceso.
Un tratamiento diferente solicitó Nápoli para el caso del Contador Pablo Oca, ya que si bien su participación en los hechos investigados fue activa, el fiscal puso en valor el reconocimiento de los hechos que hizo en todo momento el exfuncionario, así como su arrepentimiento.
En este caso se pidió una condena de 3 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de la moneda extranjera que se encontraba en la casa del contador al momento de realizar el allanamiento, en un monto estimado en 3 mil dólares.
Por otra parte, y a modo reparatorio teniendo en cuenta que la pena será de ejecución condicional, que se le condene al pago de 3 millones de pesos en 10 cuotas consecutivas de 300 mil pesos cada una, las cuales se depositarán en cuentas de asociaciones civiles sin fines de lucro que a tal fin se inscriban ante el Ministerio Público Fiscal.
En el caso de Diego Lüters –que se encuentra en una situación similar en cuanto a la condena de la Causa Embrujo y está imputado en otras causas- el fiscal solicitó una pena de 3 años de prisión, inhabilitación perpetua y pago de costas.
Para Gonzalo Carpintero Paterson, condenado por enriquecimiento ilícito, se pidió una pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y además se impuso el pago de una multa superior a los 12 millones de pesos y el decomiso de la propiedad que está ubicada en el Loteo Bonorino de Trelew, cuyo valor estimado supera los 49 millones de pesos.
Para el caso del empresario Martín Castillo, el único de los condenados que no revestía el carácter de haber sido funcionario público, se pidió una pena de 2 años de prisión –será de ejecución condicional – y el pago de las costas, pero se solicitó que se imponga la obligatoriedad de realizar un curso Compliance y que está relacionado con mecanismos de autodepuración de comportamientos que sean lesivos para la comunidad.
INFORMA: Agencia de Comunicación Judicial / Superior Tribunal de Justicia
