Un hombre imputado por varios delitos en contexto de violencia de género deberá cumplir una condena de un año y seis meses en suspenso, además de someterse a diferentes pautas, entre las que se encuentra el uso de una tobillera electrónica, prohibición de acercamiento a las víctimas y someterse a un tratamiento voluntario de rehabilitación para salir del alcoholismo.
Las medidas fueron dispuestas este viernes en el marco de juicio abreviado a través de videoconferencia, en la cual las partes informaron al Juez Penal Marcelo Nieto Di Biase sobre el arribo a un acuerdo para evitar llevar el proceso a juicio oral y público.
Durante la audiencia, el funcionario de fiscalía Juan Leonardo Cheuqueman con el acompañamiento del fiscal Osvaldo Heiber, cumplieron con la formalidad de plantear la acusación correspondiente a la audiencia preliminar.
En ese contexto relataron las medidas dispuestas desde el Juzgado de Familia contra el imputado en el marco de la causa que se tramitaba en ese fuero y en el cual resultaban víctimas tanto su expareja como la madre de la misma. Así también se informó sobre las reiteradas desobediencias que la persona detenida había cometido durante los últimos meses, haciendo caso omiso a resoluciones judiciales.
Al mismo tiempo se narraron distintos episodios de violación de domicilio, amenazas, y daños, ocurridos entre enero y mayo de este año, como así también las pruebas colectadas sobre esos hechos. También la fiscalía planteó el sobreseimiento sobre dos hechos, uno de amenazas telefónicas al no tener elementos de prueba en ese caso y otro por daño sobre el dispositivo electrónico de localización, ya que se pudo corroborar con posterioridad el funcionamiento del mismo.
El abogado particular José Oviedo no se opuso a los hechos descriptos en la acusación y las partes presentaron el acuerdo para el juicio abreviado. El mismo contempla el reconocimiento de parte del imputado de haber sido autor de los delitos enrostrados, en su mayoría relacionados con desobediencia, daños y amenazas.
En cuanto a la pena a imponer, se fijó en un año y seis meses de prisión, la cual quedará en suspenso por no tener el mismo antecedentes condenatorios. Se dispuso además la prohibición de acercamiento y/o contactos con las víctimas del hecho, como así también el uso permanente de tobillera electrónica, además de fijar residencia y presentarse cada tres meses ante la autoridad correspondiente.
De manera accesoria, se dispondrá la incorporación voluntaria a un tratamiento de rehabilitación para superar los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.
INFORMÓ: Agencia de Comunicación Judicial
