El arma fue detectada en el pre embarque del Aeropuerto de Trelew.
El juez penal Fabio Monti dictó la apertura de investigación en una causa donde se imputa a una mujer del presunto delito de portación de arma de fuego de uso civil en carácter de autora.
La audiencia se realizó durante la mañana de este martes 14 de junio de 2002 en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew y la acusada fue identificada como Lucila Fernández.
El hecho
De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria de la fiscalía Verónica Van Vliet el hecho ocurrió en noviembre de 2021 en el Aeropuerto “Almirante Marcos A. Zar”, de esta ciudad de Trelew, cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se encontraba realizando un control de pre embarque. En el momento en el cual la mujer se disponía a abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas, la operadora de la máquina de rayos X advierte en el interior de una mochila la presencia de un objeto metálico con presunta silueta de arma de fuego, con presunta munición en recamara y cargador completo.
En el interior del mismo equipaje se observó un presunto peine completo con municiones y ante esta situación el personal de la PSA procede al secuestro del arma de fuego, siendo esta una pistola semiautomática, marca Pietro Beretta, modelo 950, calibre 6.35, que contenía el cargador colocado con 8 municiones más una alojada en la recamara. De la realización de la pericia, surge que el arma de fuego secuestrada se clasifica dentro de las armas de fuego de uso civil y era apta para producir disparos.
Ante esta situación se le imputó a la mujer que sabiendo lo que hacía, conociendo su naturaleza y poder vulnerarte, tenía en su poder un arma de fuego de uso civil, cargada, sin contar con la autorización de portación de la misma.
Trabajo en el campo
Tras conocer la acusación fiscal tomó la palabra la imputada, quien manifestó que trabaja mucho en el campo y su familia es propietaria de hacienda y varios campos, y al estar constantemente viajando por los establecimientos y quedándose en ellos, por razones de seguridad necesita el arma. También manifestó que no las lleva cargadas salvo cuando pernocta en algún campo.
Indicó que viaja frecuentemente en avión y que conoce muy bien el procedimiento sobre el tema de las armas pero que en este caso no tenía conocimiento que esa arma estaba entre sus pertenencias porque estaba retrasada para abordar el vuelo y solo pudo a ir hasta su casa para buscar el equipaje ya preparado y atinó a agarrar una cartera sin fijarse en su interior, desconociendo que adentro estaba el arma en cuestión.
Planteo de la defensa
A su turno, el defensor particular Pablo Salem argumentó también sobre el tamaño del arma que, al ser pequeña y de poco peso era difícil darse cuenta que la llevaba consigo. Agregó que no hubo daño, dolo ni perjuicio, indicó que su asistida que es una persona de trabajo, que se queda sola en los campos con 24 años, que además estudia, trabaja y es un ejemplo, manifestó. Por último, informó que su asistida ha solicitado la portación de armas y planteó que se evalúe la aplicación de una solución alternativa al proceso.
En cuanto a esto último la representante de la fiscalía se opuso a lo solicitado por el defensor por el peligro del hecho: una portación de arma cargada, por ello su trascendencia es significativa, “que hubiera pasado si ingresaba al avión con el arma cargada”, se preguntó la funcionaria. Aun así, no descartó evaluar en el transcurso de la causa que se pueda suspender el juicio a prueba. Aclaró la representante del MPF que la imputada si bien cuenta con el permiso de tenencia del arma, no la tenía encima con ella.
Tras escuchar a las partes, el Juez Monti autorizó la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo legal y de acuerdo a la calificación legal escogida por el MPF.
INFORMA: Agencia de Comunicación Judicial / Superior Tribunal de Justicia
