El acusado había sido declarado culpable por un jurado popular. La Cámara Penal de esa circunscripción rechazó la impugnación ordinaria, confirmó una pena de 7 años y 6 meses de prisión impuesta. Además, ordenó la remisión del perfil genético al RePriGAS
La Cámara en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Esquel confirmó la condena de 7 años y 6 meses de prisión impuesta a un hombre, declarado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual con acceso carnal, por un hecho ocurrido el 27 de noviembre de 2022.
Mediante una resolución unánime dictada este 18 de noviembre, los jueces Hernán Dal Verme, Carina Estefanía y Martín Zacchino rechazaron la impugnación ordinaria presentada por la defensa contra la sentencia de primera instancia. Además, dispusieron la remisión del perfil genético del condenado al Registro Provincial de Identificación de Genética de Abusadores Sexuales (RePriGAS).
Planteos
La defensa había solicitado la nulidad del debate y de la sentencia al considerar que existió una situación de indefensión técnica durante el juicio por jurados, mientras que la fiscalía solicitó el rechazo de la impugnación.
El planteo de la defensa del condenado fue que el primer letrado que intervino en la causa inicialmente no planteó oportunamente la prescripción de la acción penal por un hecho de lesiones leves agravadas. Según el demandante, esa situación permitió incorporar testimonios, informes médicos y fotografías que, a su criterio, condicionaron negativamente al jurado. Por su parte, la fiscalía rechazó la impugnación y argumentó que esos elementos probatorios resultaban necesarios para reconstruir el contexto de violencia de género en el que ocurrió el abuso sexual.
Análisis de los jueces
En su fallo, el Juez de Cámara Hernán Dal Verme afirmó que “la prueba producida, que entre otras cosas demostraba las lesiones infringidas a P. E. F.E, tuvo por objeto recrear el contexto de violencia de género en el que se produjo el delito contra la integridad sexual imputado”.
El magistrado distinguió entre la utilización legítima de pruebas para acreditar un contexto de violencia y la existencia de prejuicios que pudieran afectar la imparcialidad del jurado. En ese sentido, afirmó que “…establecer la existencia de un contexto de violencia de género, acreditándolo mediante pruebas legales, no puede ser equiparado a un prejuicio, cuando este, por definición, se relaciona a la decisión adoptada al margen de un juzgamiento legalmente cumplido”.
Por su parte, la jueza Carina Paola Estefanía profundizó en la importancia de valorar las pruebas vinculadas con situaciones de violencia de género, especialmente cuando permiten comprender las relaciones de poder existentes entre la víctima y el agresor. En su voto expresó que “…cuando se juzgan hechos atravesados por una dinámica de violencia de género —como ocurre en los casos de abuso sexual u otras clases de violencia contra la mujer—, el relato sobre episodios previos o posteriores de agresión, sometimiento o maltrato hacia la víctima o su entorno no constituye prueba de propensión prohibida, sino el sustrato fáctico indispensable para ilustrar la relación asimétrica de poder y la violencia crónica subyacente”.
Finalmente, el juez Martín Eduardo Zacchino coincidió con sus colegas en rechazar los agravios de la defensa y destacó que una estrategia procesal basada en cuestionar la capacidad de la Fiscalía para demostrar su acusación constituye una modalidad válida de litigación penal. En ese sentido, sostuvo que “…no debe confundirse una defensa eficaz con una defensa exitosa dado que, si esto fuera así, todos los casos en los que se condene al reo nos colocarían en el plano de una defensa deficiente”.
Asimismo, remarcó la importancia de la prueba periférica y del deber de debida diligencia reforzada en la investigación de delitos sexuales, que habitualmente ocurren sin testigos presenciales.
Sentencia
Finalmente, tras las audiencia, los jueces Dal Verme, Estefania y Zacchino resolvieron confirmar la condena de 7 años y 6 meses de prisión impuesta a un hombre, declarado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual con acceso carnal y además dispusieron la remisión del perfil genético del condenado al Registro Provincial de Identificación de Genética de Abusadores Sexuales (RePriGAS).






