Discurso del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Alejandro Panizzi ante la Honorable Legislatura, según manda el art. 181 de la Constitución Provincial, marzo de 2016.
Señores Diputados:
Uno nunca sabe…
Digo, uno nunca sabe qué decir en casos como éste, en el que debo darles noticia de cosas que no han sucedido.
Había escrito un discurso largo y aburrido. Luego de recapacitar sobre ello y reescribir varios párrafos, les ofreceré un discurso corto y aburrido.
Como sabemos, el artículo constitucional 181 demanda que el Presidente del Superior Tribunal de Justicia informe a esta Honorable Legislatura, con mensaje escrito, para comunicar de la actividad del Poder Judicial, durante el año de su mandato.
Como miembro de la judicatura, estas palabras no son trazadas desde una perspectiva ajena a las opciones en conflicto, entre la Justicia y los factores de poder con los que debe reñir. Mi toma de posición, mi parcialidad en ciertos asuntos de interés público está subordinada a un juramento que me propongo llevar a efecto: el de cumplir y hacer cumplir las normas superiores que rigen la vida de la Nación Argentina.
Pese a que no traigo buenas noticias, debo aclarar –de modo que no haya confusión en ello– que me he propuesto no lloriquear ni echar culpas a nadie por la penosa situación del Poder Judicial.
La tarea de este departamento del Estado, básicamente se divide en funciones de gobierno y jurisdiccionales. Las primeras tienen que ver con la confección y el desarrollo de una política destinada a regir la marcha del Poder Judicial. Las segundas, con la resolución de los conflictos planteados en los estrados de todos los fueros. Es la tarea de juzgar, restablecer el ejercicio de los derechos vulnerados y controlar el cumplimiento de la Constitución, los Pactos que la integran y las leyes que la reglamentan ciñéndose a lo que es materia de su jurisdicción, a la división de Poderes y evitando toda posibilidad de injerencia de un Poder sobre otro.
No todos saben que el Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, ejerce su propio gobierno y, mucho menos, de qué modo lo hace. La planificación de la política judicial para gobernar incluye la totalidad de las competencias, los instrumentos y los medios económicos que se necesitan para llevar a cabo esa política.
El que culmina, ha sido un ejercicio especial, signado por la ausencia de posibilidad de desplegar una política judicial, por razón del ahogo financiero y la falta de suministro de dinero que nos impuso el gobierno anterior. De manera que el plan de gobierno del Poder Judicial ha sido desbaratado por un Poder Ejecutivo que cercenó su independencia.
Por lo tanto, no tengo para contarles el desarrollo de un plan general, metódicamente organizado para obtener objetivos determinados.
Durante el año 2015 la Judicatura contó con un presupuesto aprobado de Gastos de Funcionamiento de $ 83.000.000, pero sólo se recibieron fondos por un total de $ 38.200.000, de los cuales $ 26.000.000 fueron para atender gastos del propio ejercicio 2015 y que representan escasamente un 31.6% de lo presupuestado. El resto de las transferencias fueron destinadas a cancelar deuda generada en el año 2014.
Para mantener un nivel de ejecución aceptable de las obras en curso aplicamos fondos propios por un monto aproximado de $9.700.000. Como consecuencia de esta restricción presupuestaria y financiera, en la actualidad el déficit es de más de $ 15.000.000, a los que debe adicionarse la deuda que mantiene el Ministerio Público Fiscal, de aproximadamente $3.500.000.
Acaso noten Uds. que este discurso ha sido escrito con desazón. Lo cual no significa que el mensaje esté vacío de contenido. Antes bien, pretende ser optimista, aunque no parto de una posición que da preeminencia a la voluntad sobre el entendimiento, sino que procuro alertar a los señores diputados para que no se repitan estas situaciones, por el bien del sistema republicano de la Provincia del Chubut.
No faltará quien no ceda a cierta propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable. Es la tendencia de quienes atribuyen al universo la mayor imperfección que pueda imaginarse.
Pese a las contundentes objeciones que pueden hacérsele, hay en esa teoría algo de razonable. Su éxito confirma que las instituciones no han funcionado como debieron.
No hay nada como el mandato cumplido de un gobierno para canalizar libremente las frustraciones de quienes lo han padecido. Sin embargo, vista la situación real de los tribunales, no parece que esta vez vayan a tener demasiado éxito las teorías de la conspiración, más allá de los que las necesitan para tapar sus fracasos.
La situación del Poder Judicial es grave e inédita. Jamás había tenido un déficit de la envergadura del actual.
En resumidas cuentas, no tengo para mostrarles una política judicial fuera del distrito de la intención. Tampoco voy a leer las estadísticas de las causas judiciales, que tienen ustedes a disposición, adjuntas a este mensaje.
Debo alertar sobre las vacantes del Superior Tribunal de Justicia, órgano de gobierno del Poder Judicial y de su falta de cobertura.
A nadie se ocultan las dificultades que genera que la Corte provincial funcione con la mitad de sus miembros. Por eso es preciso que procure persuadirlos de construir los consensos que se requieren para prestar el acuerdo legislativo para la designación de los nuevos ministros.
Las audiencias públicas anunciadas por el Gobernador, en ocasión de la apertura anual de las sesiones de esta Legislatura, constituyen un instrumento formidable para la concreción de esos nombramientos. En primer lugar, dotarán a los futuros ministros de un plus de legitimidad. En segundo, hará que los acuerdos legislativos de las designaciones, fluyan naturalmente y a la vista de todos.
La segunda exhortación que quiero hacerles es la concerniente a los reclamos judiciales que llevan a cabo muchos miembros del Poder Judicial contra la Provincia del Chubut, que tantos inconvenientes generan en las arcas públicas. Es imperioso que todos tomemos conciencia de que se trata de un problema de Estado, empezado por los propios reclamantes, y que se arribe a una solución razonable y civilizada.
El Poder Judicial, históricamente estuvo a la vanguardia de la tecnología de gestión, cuenta con mujeres y hombres muy capaces y capacitados. Ese capital hay que mantenerlo, actualizarlo y mejorarlo con dinero. Dinero del presupuesto que constitucionalmente le corresponde al Poder Judicial, con el cual, es preciso que se baste a sí mismo, tal como se ha plasmado en el Plan de la Carta Magna. De allí que las mejores armas se han convertido en nuestra kriptonita, una paradoja tan inexplicable como crónica, en los últimos cuatro años.
El esfuerzo realizado para modernizar el sistema de gestión judicial que significó una inversión considerable en sistemas informáticos, está hoy en peligro.
Podría decirse que la situación de quebranto nos ha impedido la concreción de ciertos propósitos. No hemos podido desarrollar la mediación ni implementar la justicia de menor cuantía. Tampoco conseguimos renovar los bienes de uso, la tecnología, ni avanzar como se hubiera debido en la marcha de las obras de infraestructura en ejecución.
Como poco pudimos hacer, nos dedicamos a planificar. De manera que pasaré a trasmitirles algunas noticias de escasísimo interés.
Un importante trabajo de campo ha permitido recoger información vital para la elaboración inmediata del Plan Estratégico de la Judicatura.
Esta herramienta tiene un valor fundamental para la puesta en marcha ordenada y orgánica de la agenda de políticas públicas; un instrumento para la correcta asignación de recursos económicos y para diseñar la inversión en orden a las prioridades fijadas. Será la fuente de la que emanarán los proyectos de cada área u organismo, el fin al que habrá de alinearse toda acción organizacional; es la razón de la inversión y el gasto. Constituye la expresión trasparente de los valores institucionales y las políticas públicas en materia de Administración de Justicia.
El año pasado pusimos en marcha un proyecto trascendente: la Agencia de Comunicación Institucional del Superior Tribunal de Justicia. Por primera vez en el ámbito de la judicatura abordamos la temática de la comunicación como un proyecto definido que nos permita una nueva relación con la sociedad. Los tribunales deben mejorar la percepción y opinión que tiene el pueblo con respecto a nuestro Poder Judicial.
Asimismo, por iniciativa de un grupo de magistradas y funcionarias de la justicia provincial se instaló la idea de componer un código procesal para el fuero de familia; esta iniciativa abrió las puertas para un debate profundo acerca de qué tipo de justicia es la que nos proponemos para ese fuero.
Durante el ejercicio fiscal 2015 y como viene sucediendo en los últimos años, este departamento del Estado no contó con un presupuesto propio. Esta cuestión fue y es una seria restricción, más cuando la vemos desde el funcionamiento orgánico y desde la relación con los proveedores y contratistas. Venimos funcionando con una planta proyectada para el año 2011, y con una deuda que crece día a día. Este último aspecto ha desencadenado un endeudamiento inédito que pone en serio riesgo el funcionamiento de la Judicatura y de los Ministerios Públicos.
Con el propósito de enfrentar la situación económica financiera actual mejoramos la gestión de la recaudación de los recursos propios. Para ello, se ha creado la Oficina de Tasa Judicial bajo la dependencia directa de la Administración General, con el objetivo de hacer más eficaz y eficiente la tarea de fiscalización del tributo. Así se apoyan directamente las cuestiones controversiales referidas al gravamen. Un segundo paso hemos dado en la elaboración de una nueva Ley de Tasa Judicial, que oportunamente fue remitida a la consideración de los señores Diputados y que esperamos sea prontamente aprobada.
También hemos comenzado un auspicioso proceso de negociación colectiva con el Sindicato de Trabajadores Judiciales que, si bien aún está en un estado embrionario, apostamos a que se consolide y pueda cumplir con una vieja y legítima bandera gremial.
Alguno me habrá escuchado decir que la sociedad no necesita de jueces eruditos, sino de magistrados con sentido común que se pongan al frente de los nuevos procesos de trabajo, que deben ir necesariamente de la mano de las nuevas tecnologías, más eficientes y capaces de adoptar soluciones eficaces.
Por fin, debo hacer una autocrítica.
El Poder Judicial tiene muchas falencias. Lo dicen los medios periodísticos, las autoridades y se escucha en la cola de la panadería.
No es difícil advertir que el sistema de administración de justicia no funciona como debiera y que, a primera vista, las decisiones de los jueces no cumplen con las expectativas de la sociedad.
Pero también sabemos que, en ocasiones, esas expectativas no se ajustan a la ideología del orden republicano.
Por ello propicio un sinceramiento colectivo y que se ponga en el tapete qué clase de Poder Judicial queremos para nuestra provincia. Debe ser una discusión plural, transparente, democrática y profunda, cuyos límites sólo estén en el propio sistema constitucional, impregnados de la ideología que prioriza la justicia y garantiza la libertad.
Si la República fracasa en garantizar la justicia y la libertad, la República no sirve para nada.
Muchas gracias.
Rawson, otoño de 2016.-
