Por Martín Montenovo: Juez de la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia.
No caben dudas que tanto el acabado cumplimiento de la función propia del Poder Judicial como la existencia de medios de comunicación que informen a la población resultan pilares de una sociedad libre y democrática. No obstante, quizás haya llegado el momento de replantear un viejo principio tribunalicio: el que pregona que los Jueces solo hablan mediante sus sentencias. Ello no significa que a lo largo del tiempo Magistrados y Funcionarios judiciales no hayan hecho uso, y algunas veces abuso, de los medios de comunicación a efecto de poner en conocimiento de la opinión pública las alternativas de procesos que por variados motivos concitaban interés, adelantando incluso contingencias futuras de los mismos. También es cierto que dicha práctica generó, y genera, desaprobación en el ambiente judicial por la adhesión, expresa o tácita, a aquel viejo principio.
En todo caso, no es posible soslayar que resulta imprescindible atender a una necesidad actual: que el Poder Judicial debe comunicar y explicar a la Sociedad sus decisiones, con un doble objetivo, en tanto permitir otro mecanismo de control republicano de una de las funciones del Estado, e impedir que por la naturaleza de los intereses en juego, la forma en que se resuelven los conflictos llegue a la población parcialmente, no llegue, o lo haga con distorsiones que impidan el real conocimiento de la verdad.
Con referencia a ello, cabe recordar que todo conflicto que arriba a la justicia supone intereses en juego, y los mismos no solo se defienden en el marco de una litis. Es probable que se utilicen una variedad de herramientas, entre las que se encuentran las que aluden al campo de la comunicación. En ese terreno, una estructura que debe responder al paradigma del conocimiento científico, en la que impera un lenguaje especializado y que en muchos casos también debe, en franca custodia de los derechos y garantías constitucionales, decidir en sentido inverso a la opinión de la mayoría, se encuentra en inferioridad de condiciones y es presa fácil de la crítica impiadosa, no exenta en algunas ocasiones de finalidades que poco tienen que ver con un aporte al mejoramiento del sistema.
Tampoco podemos olvidar que los Magistrados y Funcionarios judiciales no son elegidos por votación popular y ello tiene un claro significado: que mientras otros encargados de la cosa pública deben interpretar las necesidades, actuales y futuras, de la población y ejecutar o legislar en consecuencia, atendiendo al bien común, respondiendo así al mandato que les es conferido, el cual exponen periódicamente al veredicto popular, el Poder Judicial es el encargado de custodiar la vigencia de los principios que gobiernan el sistema de organización político-institucional que la Sociedad ha consagrado a través de nuestras constituciones, nacional y estaduales, el Republicano y democrático, implicando ello que sus miembros ostenten estabilidad en la medida que mantengan una conducta acorde con el cumplimiento de dicha función, caracterizada por el hecho que en muchas ocasiones deba pronunciarse en contra, por caso y reitero, del sentir ocasional de las mayorías o de los intereses políticos de turno en defensa de los derechos de las minorías, de la vigencia de la Constitución, las Leyes etc.
Aún resulta más compleja nuestra tarea si esta se desarrolla en un contexto de varios años de fracasos colectivos, de una sociedad que no halla un proyecto que contenga a la totalidad de sus miembros, pauperizada económica, social y culturalmente, y que descree de la transparencia de los procesos, de la probidad de los funcionarios, de la justicia de las decisiones.
En definitiva, sin caer en el exceso que significaría convertir a los operadores del sistema judicial en comunicadores mediáticos, exigiéndoles que den explicaciones permanentemente a la manera de un “vocero” de prensa, circunstancia que obstaculizaría en forma evidente su función específica, es menester brindar a la población información clara y concreta sobre lo que se decide, e incluso sobre el marco de tales decisiones, constituido por el trámite del proceso y las normas en juego. Y ello, atento que se habla del conocimiento sobre un área del saber específica, impone que sea vehiculizado por entendidos que se nutran de la información objetiva dada por las fuentes, los operadores del sistema judicial, y la transmitan a la comunidad en forma clara y comprensible. Es decir, a esta altura de los acontecimientos, es necesaria una oficina de prensa propia del Poder Judicial, que opere con los alcances precisados y en cada circunscripción.
Considero que lo expuesto puede ser un buen punto de partida a fin de atender a la carencia apuntada, permitiendo el control de nuestras decisiones y evitando que el Poder Judicial siga siendo un convidado de piedra en la discusión que se entabla a partir de su tarea diaria.
Muchas ocasiones en los últimos tiempos nos sorprenden aturdidos por manifestaciones que demuestran que la Sociedad tiene una imagen negativa de la Justicia. En tales contextos, la tentación de atribuir dicha realidad exclusivamente a una campaña comunicacional orquestada desde sitios cercanos al poder político o económico es difícil de resistir. No obstante, aunque si bien es posible constatar que existe una constante prédica de crítica hacia nuestra labor que quizás intente encubrir responsabilidades ajenas sobre fenómenos sociales no deseados, debemos tomar nota que la indicada imagen negativa es el resultado de un proceso lento, constante y creciente que se enmarca en la crisis institucional mencionada.
Y presenta un aspecto relacionado con que, lo que podríamos llamar “el mundo judicial”, fue, y es, un ámbito cerrado, solo transitado por abogados o empleados de la justicia, con léxico técnico y emisor de decisiones sobre la libertad, el honor, el patrimonio, las relaciones familiares etc, de las personas, las que había que cumplir, sin demasiada explicación. Si a ello le agregamos la estabilidad propia del empleo estatal, un horario de atención al público de seis horas, dos períodos de vacaciones anuales que totalizan 45 días, y remuneraciones que deben mantenerse intangibles por imperativo constitucional, el cuadro estaba dado para la llegada de la mirada crítica que vinculara todo ello con prerrogativas aparentemente inadmisibles en una República, más en una época donde el “hombre de a pie” ve desaparecer el empleo, la salud, la seguridad, al Estado.
Podríamos decir que, comunicacionalmente, vivimos durante años en una casa cerrada al exterior, y que alguien abrió una ventana desde afuera para que otros observaran lo peor de nuestro hogar, ayudando así a construir una imagen falaz de nuestra tarea.
Es hora de abrir todas las puertas y ventanas para que se vea lo que hay dentro. Quizás no seamos mejores que otros servidores públicos. Tampoco peores.
Y muy por el contrario de la idea que se pretende instalar, cumplimos un rol esencialmente republicano: hacer cumplir la Ley, controlar al poder, proteger a los débiles, a las minorías, tornar concretos los derechos de los individuos.
La Sociedad debe volver a considerar que la Justicia tiene como cometido limitar la arbitrariedad, el despotismo y los excesos. Y debe saber que ese “incómodo rol” que muchas veces nos enfrenta con las mayorías, el Estado, el poder político, los grupos de presión o de opinión, justifica aquellas “prerrogativas” que tanto nos critican, que son solo instrumentos propios de la función..
Quizás explicando día a día nuestro trabajo, nuestras decisiones y la naturaleza de los conflictos que las preceden, comencemos a desandar el camino hacia una lenta reconciliación con aquellos para los cuales cumplimos la tarea.
