El juez penal Martín Cosmaro habilitó la investigación penal preparatoria tras la detención de una abogada que habría destruido una notificación judicial con la cual la policía intentaba hacer cumplir una orden de exclusión de hogar y restitución del inmueble a una mujer.
El magistrado también declaró la legalidad del procedimiento de detención de la abogada Carolina Andrea Martínez, por haberse producido en flagrancia y resolvió el cese de la medida de prisión preventiva a partir de este jueves, quedando la mujer en libertad.
Martínez es investigada por la fiscalía respecto a su responsabilidad en los delitos de entorpecimiento de las funciones públicas, resistencia a la autoridad y supresión de documento público, según informó la fiscalía este mediodía a la imputada.
La audiencia se inició a primera hora de la mañana, pero pasó a un cuarto intermedio luego que la abogada particular Verónica Heredia, quien representa a la letrada investigada, recusó al juez Cosmaro en virtud que horas antes el mismo había rechazado un hábeas corpus que pedía la excarcelación de Martínez por ser ilegal su detención. El planteo de recusación fue rechazado por la jueza Mariel Suárez y pasado el mediodía se dio continuidad a la audiencia.
El Dr. Cristian Olazabal, de la fiscalía local, pidió al juez que habilite la investigación penal preparatoria por un hecho ocurrido durante la mañana del miércoles 18 de noviembre, a media mañana, en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia. Según el relato del funcionario judicial, pasadas las 10:45 de ayer un grupo de policías de la comisaría tercera de la ciudad petrolera y efectivos de la comisaría de la mujer se encontraban cumpliendo una diligencia de exclusión de hogar dictada por la Dra. Guillermina Sosa, del Juzgado de Familia Nº3, en una vivienda de calle Callao al 1000.
La medida –que incluía la restitución del hogar a una mujer – dictada en el marco de una causa en contexto de violencia de género, motivó según Olazabal “una ardua negociación” de los efectivos policiales con las personas que debían ser excluidas y cuando la misma ya se estaba efectivizando llegó al lugar Carolina Martínez, “se identificó como abogada y patrocinante de las personas” sobre las que pesaba la orden de exclusión y tras preguntar por el oficial a cargo y el motivo de la medida “comenzó a gritarles que la misma era incorrecta, que un juez de familia no tenía facultades para ello”
De acuerdo al relato de los hechos efectuados por el funcionario de fiscalía, un oficial le habría exhibido la orden judicial, pero Martínez “siguió gritando que no tenían competencia, se negó a devolver el documento que ya se encontraba firmado por un testigo de actuación y las personas identificadas”, tras lo cual hizo un bollo, se lo metió en la boca y lo masticó hasta destruirlo en su totalidad pese a los intentos del personal policial para detener su acción.
Tras arremeter con su cuerpo sobre el personal policial que intentaba recuperar el documento fue detenida por provocar estorbos a la diligencia, hacer caso omiso a la devolución del acta pública e impedir que se cumpliera la orden, ya que las personas que debían ser excluidas al ver los hechos decidieron no abandonar el lugar y se debió dejar una consigna policial.
Cuestionamientos a la detención
La abogada Verónica Heredia cuestionó la falta de resolución favorable del hábeas corpus presentado por parte del juez Cosmaro y anunció que se plantearán impugnaciones al caso, en especial por lo que considera maltrato policial hacia su defendida.
Señaló en ese punto “la arbitrariedad de la detención, donde un video de unos cuantos segundos alcanza para ver la brutalidad de varias personas vestidas de policías, que arrinconan a una mujer” y se preguntó “¿Cuál es la justificación de semejante despliegue de fuerza?”.
Afirmó que mientras una mujer policial filmaba, “tres policías mujeres y dos hombres toqueteaban, violentaban el cuerpo de la señora Martínez, golpeándola contra el auto para que ingresara al móvil” y volvió a plantear al tribunal “¿Cuál es el objetivo de sacarle una papel de la boca para justificar esa acción?”.
Heredia planteó que no alcanzaba la simple flagrancia del hecho para justificar el procedimiento policial y el tiempo que estuvo demorada la abogada, mientras que pidió que se mostrara un video para poder merituar el carácter legal o ilegal de la detención.
Finalmente, tras escuchar los argumentos de las partes, el juez Martín Cosmaro habilitó la investigación del plazo por el plazo legal de seis meses por un hecho de falsedad por supresión de documento, entorpecimiento y resistencia a la autoridad, todo en concurso ideal y con carácter de autor, al tiempo que declaró legal la detención de la abogada. También resolvió otorgar la libertad de la mujer toda vez que la fiscalía no pidió la continuidad de la detención y la defensa exigió que sea excarcelada.
INFORMA: AGENCIA DE COMUNICACIÓN JUDICIAL
