STJ 4

STJ 4

Ante la publicación de un comunicado emitido por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Chubut, a través del cual convocan a un paro diario de 15 minutos, sin actividad alguna, en sus lugares de trabajo, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría Pública, recuerdan que el artículo 162 de la Constitución Provincial determina de manera concluyente que “el Poder Judicial es ejercido por un Superior Tribunal de Justicia, un Procurador General, un Defensor General, Jueces, Letrados, Jurados y demás funcionarios judiciales, con la denominación, competencia material, territorial y de grado que establecen esta constitución y las leyes orgánicas”.

 

Por lo tanto, los magistrados y funcionarios no son solamente integrantes del Poder Judicial, SON EL PODER JUDICIAL, y en ese marco de responsabilidades, resulta inadmisible que un Poder del Estado haga huelga o discontinúe su actividad.

Es necesario que el Servicio de Justicia no sea suspendido, garantizándose la actividad y no obstaculizándose el derecho constitucional de acceso a la Justicia.

Somos conscientes de la grave situación que afecta a todo el Poder Judicial en general con la demora en el pago de los haberes, inclusive a quienes esto comunican. En tal sentido, se han hecho y se seguirán haciendo todas las gestiones que sean necesarias para corregir lo antes posible la difícil situación por la que atravesamos. Sólo a título de ejemplo. se han cursado reclamos al Gobernador, al Ministerio Coordinador y al Ministro de Economía; se han mantenido reuniones con las autoridades del Banco Provincia en el intento de que se contemplen las fechas de vencimiento de las obligaciones contraídas por los miembros del Poder Judicial. Sin embargo, no podemos dejar de advertir que la condición de magistrados o funcionarios judiciales nos impide hacer huelga, retención de servicios o suspender en modo alguno el cumplimiento de nuestras funciones.

El derecho de intangibilidad que otorga garantías a magistrados y funcionarios, también conlleva importantes e ineludibles obligaciones. Una de ellas es garantizar el funcionamiento pleno de la Justicia.