Impusieron pena de ocho meses de prisión en suspenso a exfuncionario judicial.
Se trata de un médico forense que fue exonerado del Poder Judicial tras ser investigado por tenencia de material sobre abuso sexual infantil.
El juez penal Marcos Nápoli dicto sentencia en una causa vinculada con la tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) en poder de una persona que se desempeñaba como profesional médico en el Cuerpo Interdisciplinario Forense de Trelew hasta el momento de ser exonerado en función del sumario administrativo interno dispuesto por el STJ al ser notificados oficialmente sobre la investigación que se seguía al funcionario judicial.
La sentencia fue emitida el pasado viernes 16 de febrero de 2024 en el marco en el marco de las actuaciones caratuladas: “Ministerio Público Fiscal s/inv. pta.inf. art. 128 CPP. Trelew 2021” correspondientes al caso fiscal Nro. 98499 y a la carpeta judicial Nro. 9554 de la Oficina Judicial de Trelew.
En su sentencia, Napoli decretó improcedente el pedido de incompetencia formulado por la defensa del imputado, Juan Orlando Juárez y declaró al acusado autor material y penalmente responsable del delito de “tenencia de toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas, con fines predominantemente sexuales, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años, en carácter de autor”.
En cuanto a la condena, el magistrado resolvió imponer una pena de 8 meses de prisión de ejecución en suspenso, accesorias legales y costas. Entre las condiciones que conlleva este tipo de pena, se cuenta que la persona condenada deba residir en el domicilio aportado o hacer saber inmediatamente al tribunal cualquier cambio que se suscitare en tal sentido; no cometer nuevos delitos y la obligatoriedad de realizar 200 horas de tareas comunitarias en beneficio de la comunidad por el término que dure la pena, sugiriendo el juez que las mismas “sean desarrolladas en algún hogar de adultos mayores, siempre que la entidad tenga carácter de pública”.
Napoli ordenó además el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación penal, entre los que se cuenta un teléfono celular y dos equipos informáticos.
En juicio, la acusación estuvo a cargo de los Dres. Fernando Rivarola y Eugenia Domínguez por el Ministerio Público Fiscal, ambos integrantes de la Unidad Fiscal especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Chubut. También participaron en representación directa los representantes de la Asesoría de Menores e Incapaces, la Dra. Ivana Vaskov y el Dr. Pablo Rey, en tanto que la defensa técnica del acusado fue realizada por el Dr. Marcelo Urbano Quintero.
