Debía realizar 40 horas de tareas comunitarias y no cumplió.
Durante la jornada de ayer se llevó a cabo en la sala de audiencias del tercer piso del edificio de tribunales de Trelew, una audiencia de revisión en la que el juez Marcelo Nieto Di Biase dispuso la revocación de un beneficio que le había sido otorgado a Enzo Quintullanca, imputado en una causa por abigeato.
De acuerdo a la acusación fiscal, en agosto de 2019, un vecino de la localidad de Gaiman dio aviso a la policía cuando advirtió que dos sujetos ingresaron a su propiedad, se apoderaron de dos lechones, los faenaron y se retiraron a pie hacia la ruta provincial n° 25.
El personal policial divisó a ambos sujetos llevando los porquis faenados en sus hombros, cuando iban caminando a la vera de Loma Torta, y al advertir su presencia, arrojaron los animales, uno de ellos logró fugarse, pero el otro fue aprehendido en el lugar, secuestrándole un cuchillo de mango artesanal de 25 cm de largo y los dos animales.
Luego se produjo la audiencia de control de detención y se dispuso la apertura de investigación por plazo legal. A partir de allí y luego de varias audiencias reprogramadas por incomparecencia del imputado, en mayo de 2021 se arribó a un acuerdo con el consentimiento de la víctima, que consistía realizar 40 horas de tareas comunitarias en el plazo de 45 días en un establecimiento a coordinar por el organismo a cargo, y todo ello, bajo apercibimiento de revocar el beneficio en caso de incumplimiento (art. 47 del CPP).
En septiembre de ese año, se hace una revisión de las pautas fijadas en el acuerdo pero Quintullanca nunca llegó ni tampoco se pudo constatar la realización de las tareas acordadas.
La defensa pública de Quintullanca pidió una prórroga para que pueda acreditar el cumplimiento del acuerdo y así le fue concedido, pero el imputado tampoco cumplió.
Finalmente, en esta última audiencia y ante el pedido del representante del MPF, Lucas Koltsch, en el sentido que desde la presentación de la acusación a la fecha no se ha podido avanzar con la causa por la conducta de Quintullanca, solicitó la revocación del acuerdo arribado. Por su parte, la defensora pública, Zulma Manllahuix se opuso a lo requerido por la fiscalía, pero el juez Nieto Di Biase dispuso lo solicitado por el funcionario del MPF.
